Los integrantes de la recién instalada Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados (LX Legislatura) tienen la enorme responsabilidad de analizar y revisar los supuestos con los que se construyó el paquete económico para garantizar la seguridad, certidumbre y confianza de la ciudadanía respecto a los impuestos y sus variaciones en 2010. Tienen la obligación de hacer bien un trabajo para el cual -con certeza- no todos los integrantes de la comisión aludida están lo suficientemente bien preparados. El plazo que se han trazado es llegar a los acuerdos necesarios para que a más tardar el próximo 20 de octubre queden debidamente acordadas la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal 2010. Todo en menos de once días.
Pagar impuestos es una obligación que a nadie gusta, por ello es un asunto del más alto “interés público”. A todos nos interesa cuánto nos cobran, si es razonablemente justo o injusto su cobro y, más aún, su aplicación, la forma en que se gasta. Lo es todavía más para aquellos que estamos en el círculo de contribuyentes cautivos. Lo es un poco menos para aquellos que creen pagar sus contribuciones fiscales por medio del “impuesto del 2% a los depósitos en efectivo”. Algunos creen que eso los exime del riesgo de citatorios que impliquen revisiones costosas y dolorosas que tengan que ver con la evasión del “Impuesto Sobre la Renta” que sí es alto y resulta, la mayoría de las veces, doloroso de pagar. No obstante, a la fecha, se sabe que se han identificado alrededor de un millón de “cuentahabientes” en los bancos que no están registrados en el fisco y que la mayoría de ellos opera en la informalidad y, eventualmente, la ilegalidad. Ilegalidad que los podría llevar a procedimientos tortuosos que implicarían perder no sólo la libertad, sino hasta sus bienes.
De los cuentahabientes bancarios mencionados se estima que más de cien mil, del millón -aludido y detectado- podrían ser revisados fiscalmente hasta diez años atrás de la fecha en que se iniciara el procedimiento, sobre todo porque los depósitos bancarios dejan huella, expediente, historial que registra los depósitos y todos sus movimientos bancarios. Si así fuera, es posible que el boquete fiscal del cual se duele el gobierno podría ser cubierto mediante este mecanismo y sin tener que aumentar impuestos: sólo cobrando a evasores identificados. Pero la pregunta que varios expertos fiscalistas se hacen es: ¿Porque el gobierno evita esos procedimientos? Siendo su obligación ¿Porqué no lo hace? ¿Porqué siempre se la cargan al más débil, al más obediente? Algunos responden que no lo hacen por temor, otros que la inacción es por falta de voluntad, varios más opinan que por corrupción derivada de colusión con la autoridad. En los hechos, hablamos de una parte de la población considerada por distintos medios como verdaderamente peligrosa; población que se distingue porque en muchos de esos casos prevalece la ignorancia y, también, mucho dinero: transportistas, ganaderos, agricultores nylon, familiares de profesionistas, futbolistas, líderes sindicales, entre varios más.
Por lo anteriormente dicho es que genera desconfianza que el Presidente de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (sic) haya sido señalado por uno de sus compañeros para ser investigado ante el probable conflicto de intereses en virtud de su pasado reciente como socio director del bufete jurídico y fiscal “Becerra Pocoroba, S.C.” el cual, tiene como especialidad y “prestigio ganado” tramitar la devolución de sumas millonarias por concepto de impuestos; además, se ha documentado que el bufete aludido es parte del Conejo de Administración de “CIE” Corporación Interamericana de Entretenimiento, la cual, maneja diversos tópicos de “entretenimiento” que incluyen las casas de juego llamadas “Yacs” en toda América Latina y Estados Unidos. ¿Y usted, cómo la ve?
Politólogo.
