Toluca, México.
La diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la
Comisión para la Igualdad de Género de la 60 Legislatura, propuso la creación
del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género en el Estado de México, a fin de dar respuesta a los delitos en
esta materia.
Al dar la bienvenida a las y los participantes en la mesa de
trabajo “Hacia una protección Integral de los Derechos Político-Electorales de
las Mujeres en el Estado de México”, la legisladora del Grupo Parlamentario de
morena explicó que este protocolo también servirá de guía para las autoridades
en la atención de esta modalidad de la violencia en el ámbito estatal y
orientará a las víctimas acerca de lo que es y no es la violencia política,
asimismo les informará sobre las autoridades a las que pueden acudir para ser
atendidas.
La legisladora estableció que esta mesa de trabajo,
realizada con la participación de las integrantes de la Comisión que preside y
diversas instituciones públicas y privadas agrupadas en el Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM), busca
estrechar vínculos y conocer propuestas que puedan incorporarse a la agenda
legislativa en materia de equidad de género, para potenciar y garantizar la
protección de los derechos político-electorales de las mujeres en la entidad.
Las diputadas del PRI, Mercedes Colín Guadarrama y Maribel
Martínez Altamirano, coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para
eliminar la violencia político-electoral por razón de género y establecer los
mecanismos efectivos para abatirla.
De morena, la diputada Liliana Gollas Trejo afirmó que la
violencia política se vive todos los días, por lo que propuso realizar foros en la materia en toda
la entidad, principalmente en comunidades indígenas, en tanto que la
legisladora Nancy Nápoles Pacheco habló sobre la importancia de la sororidad
(solidaridad entre mujeres), especialmente cuando otra mujer es la que
violenta, por lo que destacó la necesidad de fortalecerla para atender este
tipo de violencia con capacitación y sensibilización desde los partidos
políticos.
Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM), explicó que desde enero del 2017 este
organismo, en conjunto con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
(Cemybs), y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) conformaron el
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el
Estado de México (OPPMEM) como un espacio para la coordinación y colaboración
interinstitucional a fin de atender la violencia de género e impulsar el
respeto a los derechos político-electorales de las mujeres.
Destacó el cumplimiento del principio de paridad de género
en las elecciones del pasado julio, cuando, del registro de candidatos a los
cargos a elección popular, 49.98% fue para mujeres, la Legislatura mexiquense
quedó integrada paritariamente y 39 de los ayuntamientos del estado quedaron
encabezados por mujeres, señaló.
En representación de Crescencio Valencia Juárez, presidente
Magistrado del TEEM, Anacely Ortiz Peña
presentó una propuesta para que este Tribunal cuente con una defensoría pública
de los derechos político-electorales de la ciudadanía, a fin de garantizar a
los mexiquenses asesoría y tutela judicial efectiva.
De la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la
Universidad Autónoma del Estado de México, y en representación del rector
Alfredo Barrera Baca, Rocío Álvarez Miranda habló de la importancia de la labor
legislativa en el combate a la violencia política como la estructura que le va
a dar forma a la tipificación de estos delitos políticos.
Por su parte, Enma Obrador Garrido Domínguez, de la
Asociación de Mujeres Abrazando a México, recordó que la participación política
de las mujeres es un indicador del desarrollo humano, por lo que destacó la
necesidad de destinar recursos para fomentar la capacitación con perspectiva de
género en los partidos políticos.
Asimismo, Digna Diana Chávez Mejía, agente del Ministerio
Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales
coincidió en la importancia de la capacitación y sensibilización de los agentes
de esa institución en temas de violencia política pero con perspectiva de
género.
Yuritzi Castañeda Ulloa, representante de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, advirtió que brindar
asesoría legal y acompañamiento jurídico a las víctimas no es suficiente, por
lo que sugirió trabajar también en asesoramiento psicológico y capacitaciones
respecto a sus derechos; pidió, además, trabajar en una ley que respalde el
ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
A nombre de la vocal ejecutiva del Cemybs, María Isabel
Becerra Ambrocio propuso capacitar a las unidades de atención y erradicación de
violencia de género, a nivel estatal y municipal.
Irene Hernández, secretaria de la Asociación Indígena
Mazahua Ke’gua Rerichejui (Tejiendo Equidad) A.C., pidió que las propuestas
tengan visión intercultural para que incluyan a las mujeres indígenas. En
representación de la directora general del Instituto Mexiquense de la Juventud,
Anamely Mendieta Muñiz sugirió considerar temas como embarazo por elección y a
las mujeres transexuales.
Rosario Mejía Ayala, secretaria general de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, habló de la necesidad de hacer llegar a
la Comisión Legislativa de Equidad de Género las propuestas para que los
proyectos del Observatorio puedan ser llevados a cabo, mientras que Alejandra
Alarcón Juárez, titular de la Unidad de Género de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México pidió a las mexiquenses informarse sobre las
herramientas para protegerse de la violencia política.
