Erick Gjumblich es señalado por negativa del servicio
público al negarse a investigar a detenidos en flagrancia
Nayelli Ruiz Zárate se queja de Erick Gjumblich, quien
dejó ir a los presentados, quienes fueron detenidos en flagrancia.
México, D. F., a 7 de mayo de 2012.- Colusión de servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
con un grupo delincuencial que pretende apoderarse por la fuerza del Condominio
Insurgentes 300, fue lo que denunció esta mañana la administradora general del
inmueble, Nayelli Ruiz Zárate, quien dijo que pese a las detenciones en
flagrancia, los inculpados salen de la delegación ministerial burlándose de que
tienen comprados a los funcionarios.
El estado de deterioro en que se encuentra el famoso
edificio es debido a que este grupo encabezado por Carlos Omaña Herrera, quien
fuera Asambleísta en la II Legislatura en el Distrito Federal por el Partido
del Frente Cardenista, José Santana Ortega y la esposa de este, Edna Angélica
Téllez Blanco, mediante violencia, triquiñuelas, engaño y falsificación de
documentos, se adjudican los recursos de la administración.
Este grupo se ha apoderado de por lo menos 50 despachos y 7
de los 17 pisos que tiene el edificio, “privatizándolos” a la fuerza como
ocurre en estos días, toda vez que "perdieron" la administración del
edificio con quien legalmente la ostenta, que es Ruiz Zárate.
La administradora general denunció que precisamente el día
27 de abril cuando montaban una puerta y una reja en el piso 17, para tomar
control ilegal de la azotea, acudió a la agencia 7ª. de la delegación
Cuauhtémoc para denunciar el presunto delito de despojo con Edna Angélica
Téllez Blanco y el herrero que realizaba los trabajos.
Sin embargo, al llegar a la Agencia 7a., las personas
presentadas hablaron con el secretario del Ministerio Público de nombre Erick
Gjumblich, quien dejó ir a los presentados y tras argucias dilatorias luego de
dos horas amenazó a la quejosa. “Al preguntarle sobre lo que pasó con las
personas de las que solicité su puesta a disposición, me respondió: ‘presente
su denuncia y se puede retirar, tuvo suerte porque quien se iba a quedar
detenida es usted y por robo”.
Ruiz Zárate dijo que ese tiempo que utilizado por los
denunciados para terminar de instalar bien la reja y que esta quedara de facto,
pese a que jurídicamente es improcedente cerrar las áreas comunes.
En el régimen de propiedad condominal los pasillos, azoteas
y escaleras son considerados como área común, por lo que nadie puede
apropiárselas, cometiendo el delito de despojo quien así lo hace. Sin embargo,
este grupo comandado por Omaña Herrera, Santana Ortega y Téllez Blanco se ha
venido apropiando del edificio mediante la violencia, amenazas y despojo,
aprovechando la colusión con las autoridades.
El año pasado se presentó un caso muy similar con funcionarios
de la Procuraduría Social, quienes por más de 24 meses dieron la razón a este
grupo que se ostenta como administrador del edificio con papeles apócrifos,
mismos que fueron desestimados por el juzgado 34 administrativo en el Distrito
Federal, con una sentencia que causó estado.
El caso llegó a la ex procuradora Dione Anguiano y sólo en
ese momento se dio la certeza jurídica a la actual administradora, Nayelli Ruiz
Zárate, quien afirma que el estado del edificio es de deterioro porque
"esta gente se ha quedado con las cuotas de mantenimiento y renta de los
muros".
Como lo hizo antes en la ProSoc, dice la administración del
Condominio Insurgentes 300 que librará la batalla legal ante la gran red de
complicidades que existen en la Agencia 7ª. Del Ministerio Público del Fuero
Común en Cuauhtémoc, dependiente de la Procuraduría Genral de Justicia del
Distrito Federa, hasta demostrar que tiene la razón.
“Todavía creemos que la justicia es posible”, destacó Ruiz
Zárate.