- Afirma Armando Zúñiga Salinas, presidente de las agrupaciones de seguridad privada que las empresas han tenido que reducir a 15 por ciento de su personal por despidos y confinamiento, pero sin apoyo tendrían que dejar sin empleo al 30 por ciento porque su flujo de efectivo se ha reducido por la inactividad comercial
Ciudad de México.
Por el cierre de empresas consideradas como no esenciales,
las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) han perdido al menos el
20 por ciento de su mercado y han tenido que desactivar a 15 por ciento de su
personal, por lo que solicitan al gobierno federal los apoyos necesarios para
poder diferir las cuotas de la carga social (IMSS, INFONAVIT y retiro, cesantía
y vejez) porque, de lo contrario, podrían llegar a despedir hasta al 30 por
ciento de sus empleados que llegarían a casi 3 mil trabajadores.
En rueda de prensa virtual, Armando Zúñiga Salinas,
presidente de ASUME recordó que contrario al crecimiento anual de 20 por ciento
que se había registrado en los tres últimos años, al cerrarse el primer
cuatrimestre del año e impulsado por la pandemia de Covid-19, el sector
decreció precisamente 20 por ciento y ha reducido sus plantillas laborales en
un 15 por ciento, poco menos del 10 por ciento por despidos y el resto por
confinamiento al ser considerados personas con riesgo por edad o problemas de
enfermedad crónica.
“Para mantener los empleos, como prácticamente todas las
empresas del país y en todo el mundo, solicitamos a nuestro gobierno federal
los apoyos necesarios para poder diferir las cuotas de la carga social (IMSS,
INFONAVIT y Retiro, Cesantía y Vejez) de estos meses en que ha bajado el ritmo
de la actividad para poder pagarlas en parcialidades. Este apoyo permitiría a
las empresas trasladar el compromiso de pagar los impuestos diferidos para que
el flujo de efectivo de las empresas sea destinado a pagar nóminas y otros
costos fijos que podrían paralizar la operación por falta de liquidez”, expresó
el dirigente empresarial, quien estuvo acompañado por cuatro dirigentes de
asociaciones.
“No pedimos condonación, pedimos un apoyo para seguir
trabajando hombro con hombro con la seguridad pública, y con los ciudadanos y
empresas que requieren de los servicios de seguridad privada”, añadió Francisco
Avelar, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y
Adherentes (UNESPA), que agrupa empresas de seguridad en su mayoría del
occidente del país.
Con este apoyo, apuntó Zúñiga Salinas, “se busca aliviar las
presiones monetarias para el flujo de efectivo de las empresas y poder cumplir
con todos: empleados, proveedores y gobierno”.
Joel Juárez, presidente de la Asociación Mexicana de
Empresas de Seguridad Privada (AMESP), terció en el sentido de que desde
principios de abril hay cancelaciones de servicios, “hay un golpe a economía y
a los flujos de efectivo de las empresas de seguridad privada que debemos
garantizar de manera prioritaria, porque el 80 por ciento de los gastos, son
gastos de nómina” y el gobierno debe estar muy consciente, abundó Zúñiga, “que
nosotros trabajamos con la base de la pirámide, con gente que vive al día y es
muy importante poder garantizar su nómina”.
Arturo de León Hernández, presidente de la Asociación de
Empresas de Seguridad Privada de Ciudad Juárez, consideró que “lo más
importante es mantener el flujo de efectivo para poder mantener el mayor número
de empleos y empleados activos. Es importe que la gente que ha sido capacitada
pueda continuar en nuestras corporaciones”.
Las empresas de seguridad informales han sido, sin duda, las
más afectadas puesto que algunas han tenido que cerrar definitivamente, pero
también las más pequeñas que están en la formalidad están luchando por
sobrevivir y se han dado casos de que algunas se han puesto a la venta, porque
ya no pudieron con la carga, expresó Francisco Avelar.
Víctor Presichi, presidente de la Asociación Nacional de
Empresas de Rastreo y Protección Vehicular mediante GPS (ANERPV), dijo durante
la rueda de prensa virtual que los servicios de seguridad seguramente son un
sector que se va a reponer en cuanto las actividades se normalicen, pero en
este momento, como prácticamente toda la industria en el país, pasan un grave
trance que necesita apoyo.
Sobre todo, porque es un sector que necesita fortalecerse
ante el incremento de la delincuencia, porque si bien los saqueos a los
establecimientos comerciales se pararon ante la acción coordinada con las
autoridades de al menos seis entidades como son la CDMX, Nuevo León, Jalisco,
Estado de México, Oaxaca y Sinaloa, es probable que, si el confinamiento se
alarga, ya no sean actos vandálicos, sino acciones propiciadas por el hambre,
como aseguró Armando Zúñiga.
Al respecto, Presichi observó que el delito se ha
incrementado 7% en las zonas urbanas que ellos logran monitorear a través de
rastreadores GPS, pero en lo que se refiere concretamente al transporte, hay
zonas como la Puebla, Veracruz y Tlaxcala donde el incremento es arriba del
40%; Guanajuato, zona muy atacada por parte de los grupos delincuenciales, con
25% de incremento y la Ciudad de México y su Zona Metropolitana del Valle de
México, que son vehículos de carga y distribución más ligeros, “estamos viendo
incrementos de arriba del 20 por ciento”.
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