- En la Semana de Valores del Servicio Público de la Contraloría del Poder Legislativo ofrecieron conferencias el magistrado del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Alejandro Sosa, y el investigador de la UAEM, Edgar Ramón Aguilera.
Toluca de Lerdo, Méx.- Al encabezar el tercer día de
actividades de la Semana de Valores en el Servicio Público, con motivo de los
25 años de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, el
titular de esta dependencia, Victorino Barrios Dávalos, convocó a las autoridades
municipales a “poner mucho empeño y responsabilidad” en la presentación de sus
respectivos planes de desarrollo, así como en las convocatorias de elección de
delegados y en la designación de cronista municipal.
Al presentar la conferencia, “El papel del magistrado para
la Justicia en México”, impartida por el magistrado del Tribunal Colegiado del
Segundo Circuito, Alejandro Sosa Ortiz, destacó que todos los servidores
públicos deben transitar por el camino de la justicia, con apego a la ley y
respeto al ciudadano.
En su oportunidad, en la sede del Instituto de Estudios
Legislativo, en presencia del vocal ejecutivo, Jorge Huízar Ríos, Alejandro
Sosa explicó que el magistrado siempre debe pensar antes de condenar, pues la
tarea de juzgar presupone la solución de un conflicto, en materia civil y
laboral, como entre particulares, un particular o una dependencia de gobierno.
El también doctor en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) aclaró que en casos de incertidumbre, la legislación
y la jurisprudencia le atribuyen la carga aprobatoria a alguno de los
contendientes en el conflicto y en el caso de que alguno de ellos no logre
convencer al juez con sus pruebas, se tendrá por cierta la versión del
contrario y en ese aspecto se deberá resolver.
Por otro lado, durante la conferencia magistral “La justicia
y sus diversas concepciones”, el investigador de la Facultad de Derecho de la
UAEM, Edgar Ramón Aguilera García, aseguró que es indispensable el desarrollo
de ambientes laborales donde impere la ética personal para erradicar la
corrupción en las instituciones públicas y privadas.
El servicio público, agregó, debe ser entendido como “el
cargo que se ocupa para compensar las desigualdades históricamente acumuladas,
y no como un botín personal”, por lo que, explicó, en la impartición de
justicia, tanto servidores públicos como magistrados deben de contar con la
virtud de desapegarse de cuestiones económicas, personales o de intereses
creados, con ello, dijo, “tendremos personas apegadas a cánones de
comportamiento que les permitan actuar imparcialmente”.
En el caso de la
administración de justicia, señaló que debemos de contar con magistrados cuyas
resoluciones se acoplen a la norma y tengan la posibilidad de desarrollar la
“sabiduría práctica” como la virtud del conocer de forma profunda los casos a
su cargo y las “dos versiones del hecho para determinar sabiamente la
sentencia”.
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