jueves, 26 de noviembre de 2020

Coparmex advierte que en CDMX podrían cerrar al menos 35 mil negocios, si el gobierno capitalino no adopta medidas urgentes


Ciudad de México.

La Confederación Patronal de la República Mexicana continuó en la Ciudad de México, la gira de prensa nacional ‘COPARMEX en tu Estado’, cuyo objetivo es dar a conocer las propuestas para la reactivación de la economía, además de dialogar respecto a las temáticas relevantes planteadas por los 65 Centros Empresariales.

 

Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, propuso que el salario mínimo general de los trabajadores en 2021 se ubique en un rango de entre 128.15 pesos y 135.83 pesos. Dijo que, si bien la discusión de este nuevo aumento está por iniciar, tiene que fijarse un monto que ayude a mitigar los impactos por la crisis del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

 

“Este año tomaremos la decisión en el contexto de una profunda crisis económica que ha deteriorado al sector productivo de nuestro país. Estamos experimentando la pérdida de millones de empleos y al menos una década de retroceso en el combate a la pobreza. Más aún, se espera una recuperación débil y repleta de incertidumbre”, indicó el líder del empresariado nacional.

 

En 2020, el salario mínimo tuvo un incremento anual de 20 por ciento, con lo cual quedó en 123.22 pesos a nivel nacional y 185.56 pesos en la Zona Libre de la Frontera. Sin embargo, para el próximo año, De Hoyos Walther reiteró que, si bien no puede darse un repunte significativo, hay voluntad por parte del sector privado para alcanzar la Línea del Bienestar Familiar, que tiene como meta un ingreso de 214 pesos.

 

El Presidente Nacional de la COPARMEX dijo que el monto aprobado se dará a conocer en las próximas semanas, en cuanto terminen las conversaciones y el análisis de cifras con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), aunque la fecha del anuncio podría ser antes del próximo 15 de diciembre.

 

Por su parte, Armando Zúñiga Salinas, Presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México, advirtió que si la capital de la República regresa a semáforo de vigilancia epidemiológica en color rojo, por el aumento de casos de COVID-19, la situación económica de las empresas será aún peor.

 

Ante ello solicitó al Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, reorientar el gasto público, para alcanzar así los objetivos de la reactivación económica, por lo que se necesitan establecer apoyos fiscales, programas de crédito, acciones de simplificación administrativa, suspensión temporal de verificaciones, ampliación de licencias, así como vigencias mercantiles y trámites para empresas.

 

Asimismo, la COPARMEX propuso al Gobierno de la Ciudad de México implementar una serie de medidas, no sólo para proteger a las empresas y el empleo, sino para reactivar la economía del país. Entre las propuestas destaca la exención temporal de por lo menos 5 meses del Impuesto Sobre Nómina (ISN); así como estímulos fiscales de entre 50 y 100 por ciento de diferimiento del pago de Impuesto Predial -a las empresas que hayan mantenido la planta laboral-; y, un seguro solidario por el que se apoye a los trabajadores a conservar un salario mínimo vital.

 

“El objetivo de estas propuestas de Coparmex Ciudad de México es colocar la reactivación económica y el empleo como prioridad en las políticas públicas y reorientar el presupuesto como eje rector de una agenda integral”, expresó el Presidente del Centro Empresarial de la capital de la República.

 

Zúñiga Salinas indicó que, a raíz de la crisis económica, en la capital del país están en riesgo de cerrar aproximadamente 35 mil negocios (de 450 mil establecimientos en total), pero, acotó que hay que considerar que en realidad pueden ser más, porque muchos negocios son micro o pequeños, que no cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

Asimismo, el líder empresarial local informó que, de concretarse dicho cierre de comercios, se perderán aproximadamente 198 mil 491 empleos en la Ciudad de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). También explicó que si el Gobierno de la capital de la República acepta las medidas propuestas por la COPARMEX, la CDMX dejaría de recaudar 728 millones de pesos.

 

Ello por "el constante riesgo de regresar a semáforo rojo, lo cual como ya se ha señalado, pondría en riesgo de muerte a la mayoría de las empresas de la capital [...] Al Gobierno no le conviene que las empresas dejen de pagar impuestos y se vayan a la informalidad, o que estén en el dilema de pagar impuestos o sueldos", según dijo Zúñiga Salinas.

 

El líder empresarial local detalló que la COPARMEX también propone la creación de un programa para que el patrón mantenga a los trabajadores, y pidió al Gobierno de la Ciudad de México sea solidario con un salario mínimo equivalente, cuyo costo tendría un impacto presupuestal de 2 mil 553 millones de pesos.

 

Otra de las propuestas de la COPARMEX es la creación del Instituto del Emprendedor y el establecimiento de apoyos a fondo perdido para la digitalización a micros y pequeñas empresas formalmente establecidas, por un monto de 300 millones de pesos. Así como la ampliación del seguro del desempleo y reducciones adicionales en el Impuesto Predial y en el Hospedaje, además de recursos públicos y a actividades de servicios, particularmente afectados por el cierre de operaciones, ya que a la fecha se mantiene en restricción total de operaciones en la CDMX

 

La Confederación Patronal también propone un programa a fondo perdido de 800 millones de pesos para la ampliación y conservación de empleos, para las empresas que hayan conservado a sus trabajadores formales y demuestren un programa de expansión para los próximos 12 meses. Además, de un programa de apoyo financiero extraordinario de 400 mdp, para las empresas y familias dedicadas a espectáculos masivos en la Ciudad.

 

El líder empresarial local afirmó que el impacto económico total de las propuestas es de 9 mil 445 mil millones de pesos, lo que representa el 76 por ciento del monto total de los subejercicios registrados al tercer trimestre de 2020, lo que es apenas el 4 por ciento del gasto anual aprobado para el 2020 en la capital de la República.

 

El Presidente del Centro Empresarial de la CDMX señaló que buscaran tener una sesión bimestral con la Jefa de Gobierno, para identificar los avances de la presente agenda. Además de que, junto a la Secretaría de Finanzas capitalina, revisarán el Plan de Infraestructura, buscando la participación de las PyMES en la cadena de valor de dicho proyecto.

 

Por último, Zúñiga Salinas reconoció como positiva la implementación de un Código QR, que registre el movimiento de los ciudadanos para poder alertarlos si es que estuvieron en lugares donde pudieron haber convivido con personas contagiadas por COVID19. “Lo vemos como un excelente proyecto que de hecho de haber llegado antes habría ya ayudado, sin embargo, tenemos que reforzar la cultura, la gente no lo está usando como debiera”, indicó.

 

Por su parte, José Medina Mora Icaza, Secretario General con licencia de la COPARMEX Nacional, dijo que insisten al Gobierno en otorgar remedios solidarios, para evitar una mayor pérdida de empleos y la quiebra de empresas, y añadió que los contagios por COVID-19 no tienen que ver con la reapertura económica, porque la dinámica de contagio no está ahí, sino en la parte social.

 

Por su parte, Mylene Cano de la Fuente, Economista en Jefe de la COPARMEX Nacional, afirmó que el sector más golpeado en la capital de la República es el de alimentos, que son los restaurantes y alojamiento temporal, además de negocios de esparcimiento, mismos que han perdido más del 25 por ciento del empleo formal, registrados previo a la pandemia del nuevo coronavirus.

 

Además de Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la COPARMEX Nacional, en el presidium virtual estuvieron presentes; José Medina Mora Icaza, Secretario General con Licencia; Ricardo Rivera Barquín, Presidente de la Federación Centro; Armando Zúñiga Salinas, Presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México; y, Mylene Cano de la Fuente, Economista en Jefe de la COPARMEX Nacional.

miércoles, 11 de noviembre de 2020

Plantean hasta 20 años de prisión a funcionarios que simulen adquisición de bienes y servicios

Ciudad de México.

Crear este tipo penal se dará garantía de que el Estado Mexicano accederá a productos y servicios de mejor calidad, asegura la senadora Luévano Cantú

 

Con el objetivo de abonar al combate contra la corrupción en todos los espacios de la Administración Pública Federal, la senadora María Soledad Luévano Cantú presentó una iniciativa para crear un tipo penal que sancione a los servidores públicos que simulen o manipulen los procesos de adquisición de bienes y servicios del Gobierno Federal, estableciendo una pena de hasta 20 años de prisión a quien cometa dicho ilícito.

 

La propuesta de la legisladora de Morena detalla que se entenderá como simulación de procedimientos y se equipará al delito de peculado, la simulación o manipulación de los procesos de adquisición de bienes y servicios de Gobierno Federal establecidos en la Ley General de Adquisiciones Federal para favorecer a uno o varios de los ofertantes de los bienes o servicios adquiridos.

 

Puntualiza que a los funcionarios que cometan el delito de simulación de procedimientos, se les impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y el equivalente a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de cometerse el delito.

 

La senadora aseguró que crear este tipo penal dará la garantía de que el Estado mexicano accederá a productos y servicios de mejor calidad, a mejores precios y en mejores condiciones de mercado, en beneficio del erario público, de la sociedad en su conjunto y de las empresas que ofrecen sus productos y servicios, puesto que “procesos transparentes y legales fomentan la competencia, eliminan el capitalismo de cuate y ponen piso parejo para todas las empresas”.

 

A lo largo de los últimos cinco sexenios, apuntó la legisladora, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta la conclusión de la presidencia de Enrique Peña Nieto, las adquisiciones de gobierno Federal se han convertido en un negocio, donde las compras y los contratos públicos se utilizan para enriquecer a funcionarios y empresarios corruptos.

 

Asimismo, recordó el caso de la adquisición de medicamentos, donde el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a todas las Secretarías implicadas en el sector salud que no permitan que tres empresas distribuidoras de medicamentos que resultaron favorecidas en el sexenio anterior participen en ninguna licitación hasta que concluya una investigación por presunto influyentísimo o corrupción.

 

Luévano Cantú aseguró que es sumamente necesario crear un tipo penal que sancione a las y los servidores públicos que simulen o manipulen los procesos de adquisición de bienes y servicios del Gobierno Federal para beneficiar a socios, amigos y cómplices de procesos de corrupción, acción que la senadora considera “una grave trasgresión ética y legal”.

 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 223 Bis al Código Penal Federal, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

viernes, 6 de noviembre de 2020

Ejecuta FGJCDMX cateo en inmueble, probablemente propiedad de ex servidor público capitalino


En seguimiento a investigaciones en contra de un ex servidor público capitalino, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), adscritos a la Fiscalía de Investigación para los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, catearon un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

 

Personal ministerial, apoyado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, así como del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), quienes apoyaron en la seguridad perimetral, cumplimentaron el mandamiento judicial en un inmueble ubicado en la colonia Florida.

 

Como resultado del cumplimiento de la técnica de investigación, se aseguró documentación diversa, incluso de una institución de la administración pública capitalina, así como otros objetos que serán integrados como indicios de la Carpeta de Investigación y quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público.

 

La técnica de investigación se llevó a cabo poco antes del mediodía de este jueves en una casa del Fraccionamiento de la Ex Hacienda de Guadalupe, hoy colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón.

 

El representante social de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos continúa con la integración de la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita.

jueves, 5 de noviembre de 2020

Exigen indígenas juicio político contra Peña Nieto, Eruviel Ávila y del Mazo Maza por autopista Naucalpan-Toluca

  • Por expropiación ilegal y desacato a 7 mandatos judiciales que protegen a la comunidad indígena otomí de Huixquilucan. La SCJN debe resolver pronto la queja administrativa por desacato y para que se cumplan las sentencias

 

Ciudad de México.

Además de solicitar el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se cumplan las sentencias de siete mandatos judiciales a su favor en contra de la expropiación de 750 mil metros cuadrados, la comunidad indígena otomí de Huixquilucan dio a conocer esta mañana que han solicitado juicio político por traición a la Patria en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas y el actual gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, como parte del proceso en contra de la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca.

 

En rueda de prensa esta mañana, Juan Villegas Mejía, quien es representante común ejecutivo de la comunidad indígena otomí de Ayotuxco, Yamazula, Quixtengo, Guiloteapan y sus pueblos San Francisco, Santa Cruz y rancherías equiparables del municipio de Huixquilucan, Estado de México, explicó que el poder judicial de la federación les reconoció la propiedad de la tierra, luego que siendo gobernador del Estado de México el ex presidente Enrique Peña Nieto, entregó en concesión el 7 de septiembre del 2007 las tierras de los territorios indígenas de las comunidades de Toluca, Lerma, Huixquilucan, Villa del Carbón y Naucalpan “a extranjeros de las empresas BlackRock y Aleática”.

 

Villegas Mejía relató que el Tribunal Superior Agrario determinó que las escrituras públicas de 1644 y 1645 que presentaron, las cédulas reales, los códices, los pergaminos, tienen valor jurídico, donde Isabel Moctezuma, hija del rey Azteca Moctezuma II, les entregó la propiedad de esas tierras que habían sido parte de su legado, lo que les devolvió la propiedad de las tierras el 12 de octubre de 2012 y que causaron ejecutoria desde 2015.

 

El pasado 21 de octubre el gobernador Alfredo del Mazo Maza inauguró la autopista en solitario, con cuatro acompañantes más, porque la comunidad de Huixquilucan se manifestó en contra ya que la obra afectó 140 manantiales y un acuífero subterráneo, río que abastece todo lo que es la cuenca del río Lerma.

 

El representante indígena dijo que durante la construcción de la obra acabaron con más de 700 mil árboles que fueron derribados, hubo explosiones para rompimiento de todas las cuencas “y prácticamente se nos está acabando el agua, el agua que es la vida porque toda ella es zona de recarga de los acuíferos. Fauna, flora, agua, vestigios arqueológicos han sido destruidos”.

 

Confirmadas las sentencias de los amparos 139/2012, 529/2016, 424/2016, 479/2016, 270/2016, 010/2017 y 1008/2019, hoy se encuentran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicados mediante una queja administrativa por la omisión y desacato judicial, tras haberse recuperado del despojo de esas tierras desde 1993.

 

En total las comunidades indígenas otomíes presentaron 22 amparos en contra de la construcción de la autopista que hoy es administrada por la empresa Autovan, de los cuales fueron efectivos los siete que hoy se encuentran como queja administrativa.

 

“Pedimos a la Suprema Corte de Justicia que refrende la escritura pública y que se libere la autopista; los terrenos son nuestros y queremos que esa carretera sirva no sólo par que nosotros podamos transitar, sino también quienes deban hacerlo para hacer los trabajos de reforestación y cuidado ecológico para la restauración del área que ha sido destruida”, apuntó Villegas Mejía.

 

El representante indígena estuvo acompañado por el gobernador indígena de la Ciudad de México, Acamapixtli JM Castillo; el general en retiro Mario Cervantes Muñoz, presidente del Consejo Supremo de la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia; Paulino López Jiménez, consejero Mayor Indígena de Xochicuautla; la abogada Hortensia Corona; la representante Piedad Garduño Suárez de Ayotusco y María Estéfany Zavala, de San Francisco Xochicuautla.

 

Los representantes indígenas denunciaron que no sólo han sido víctimas de discriminación en contra de grupos vulnerables como ellos por la omisión e inacción de las autoridades, pese a que tienen el amparo de la constitución avalado en siete juicios de amparo, sino que también han sido y son violentados física y psicológicamente, como en el caso del propio Villegas Mejía, quien fue detenido y acusado falsamente de ser parte del cartel Jalisco Nueva Generación por el alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas.

 

María Estéfany Zavala dijo que constantemente policías enviados por el alcalde y otros grupos llegan a sus casas constantemente y les exigen que “dejen de estar chingando” porque “se los va a cargar la chingada”.

 

El problema es que esta carretera afecta no sólo las tierras de nuestras comunidades, sino también afecta a todos los habitantes de la Ciudad de México y el área Metropolitana, así como a los del valle de Toluca porque esa es una zona de recarga de los acuíferos que las abastecen y con esto que hicieron, poco a poco se van a ir secando, agregó Villegas Mejía.