Ciudad de México.
Crear este tipo penal se dará garantía de que el Estado
Mexicano accederá a productos y servicios de mejor calidad, asegura la senadora
Luévano Cantú
Con el objetivo de abonar al combate contra la corrupción en
todos los espacios de la Administración Pública Federal, la senadora María
Soledad Luévano Cantú presentó una iniciativa para crear un tipo penal que
sancione a los servidores públicos que simulen o manipulen los procesos de
adquisición de bienes y servicios del Gobierno Federal, estableciendo una pena
de hasta 20 años de prisión a quien cometa dicho ilícito.
La propuesta de la legisladora de Morena detalla que se
entenderá como simulación de procedimientos y se equipará al delito de
peculado, la simulación o manipulación de los procesos de adquisición de bienes
y servicios de Gobierno Federal establecidos en la Ley General de Adquisiciones
Federal para favorecer a uno o varios de los ofertantes de los bienes o
servicios adquiridos.
Puntualiza que a los funcionarios que cometan el delito de
simulación de procedimientos, se les impondrá una pena de diez a veinte años de
prisión y el equivalente a diez mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización vigente en el momento de cometerse el delito.
La senadora aseguró que crear este tipo penal dará la
garantía de que el Estado mexicano accederá a productos y servicios de mejor
calidad, a mejores precios y en mejores condiciones de mercado, en beneficio
del erario público, de la sociedad en su conjunto y de las empresas que ofrecen
sus productos y servicios, puesto que “procesos transparentes y legales
fomentan la competencia, eliminan el capitalismo de cuate y ponen piso parejo
para todas las empresas”.
A lo largo de los últimos cinco sexenios, apuntó la
legisladora, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta la
conclusión de la presidencia de Enrique Peña Nieto, las adquisiciones de
gobierno Federal se han convertido en un negocio, donde las compras y los
contratos públicos se utilizan para enriquecer a funcionarios y empresarios
corruptos.
Asimismo, recordó el caso de la adquisición de medicamentos,
donde el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a
todas las Secretarías implicadas en el sector salud que no permitan que tres
empresas distribuidoras de medicamentos que resultaron favorecidas en el
sexenio anterior participen en ninguna licitación hasta que concluya una
investigación por presunto influyentísimo o corrupción.
Luévano Cantú aseguró que es sumamente necesario crear un
tipo penal que sancione a las y los servidores públicos que simulen o manipulen
los procesos de adquisición de bienes y servicios del Gobierno Federal para
beneficiar a socios, amigos y cómplices de procesos de corrupción, acción que
la senadora considera “una grave trasgresión ética y legal”.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
el artículo 223 Bis al Código Penal Federal, fue turnada directamente a las
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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