sábado, 21 de noviembre de 2020
miércoles, 11 de noviembre de 2020
Plantean hasta 20 años de prisión a funcionarios que simulen adquisición de bienes y servicios
Ciudad de México.
Crear este tipo penal se dará garantía de que el Estado
Mexicano accederá a productos y servicios de mejor calidad, asegura la senadora
Luévano Cantú
Con el objetivo de abonar al combate contra la corrupción en
todos los espacios de la Administración Pública Federal, la senadora María
Soledad Luévano Cantú presentó una iniciativa para crear un tipo penal que
sancione a los servidores públicos que simulen o manipulen los procesos de
adquisición de bienes y servicios del Gobierno Federal, estableciendo una pena
de hasta 20 años de prisión a quien cometa dicho ilícito.
La propuesta de la legisladora de Morena detalla que se
entenderá como simulación de procedimientos y se equipará al delito de
peculado, la simulación o manipulación de los procesos de adquisición de bienes
y servicios de Gobierno Federal establecidos en la Ley General de Adquisiciones
Federal para favorecer a uno o varios de los ofertantes de los bienes o
servicios adquiridos.
Puntualiza que a los funcionarios que cometan el delito de
simulación de procedimientos, se les impondrá una pena de diez a veinte años de
prisión y el equivalente a diez mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización vigente en el momento de cometerse el delito.
La senadora aseguró que crear este tipo penal dará la
garantía de que el Estado mexicano accederá a productos y servicios de mejor
calidad, a mejores precios y en mejores condiciones de mercado, en beneficio
del erario público, de la sociedad en su conjunto y de las empresas que ofrecen
sus productos y servicios, puesto que “procesos transparentes y legales
fomentan la competencia, eliminan el capitalismo de cuate y ponen piso parejo
para todas las empresas”.
A lo largo de los últimos cinco sexenios, apuntó la
legisladora, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta la
conclusión de la presidencia de Enrique Peña Nieto, las adquisiciones de
gobierno Federal se han convertido en un negocio, donde las compras y los
contratos públicos se utilizan para enriquecer a funcionarios y empresarios
corruptos.
Asimismo, recordó el caso de la adquisición de medicamentos,
donde el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a
todas las Secretarías implicadas en el sector salud que no permitan que tres
empresas distribuidoras de medicamentos que resultaron favorecidas en el
sexenio anterior participen en ninguna licitación hasta que concluya una
investigación por presunto influyentísimo o corrupción.
Luévano Cantú aseguró que es sumamente necesario crear un
tipo penal que sancione a las y los servidores públicos que simulen o manipulen
los procesos de adquisición de bienes y servicios del Gobierno Federal para
beneficiar a socios, amigos y cómplices de procesos de corrupción, acción que
la senadora considera “una grave trasgresión ética y legal”.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
el artículo 223 Bis al Código Penal Federal, fue turnada directamente a las
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
viernes, 6 de noviembre de 2020
Ejecuta FGJCDMX cateo en inmueble, probablemente propiedad de ex servidor público capitalino
En seguimiento a investigaciones en contra de un ex servidor público capitalino, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), adscritos a la Fiscalía de Investigación para los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, catearon un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.
Personal ministerial, apoyado por agentes de la Policía de
Investigación (PDI) y expertos de la Coordinación General de Investigación
Forense y Servicios Periciales, así como del Grupo Especial de Reacción e
Intervención (GERI), quienes apoyaron en la seguridad perimetral,
cumplimentaron el mandamiento judicial en un inmueble ubicado en la colonia
Florida.
Como resultado del cumplimiento de la técnica de
investigación, se aseguró documentación diversa, incluso de una institución de
la administración pública capitalina, así como otros objetos que serán
integrados como indicios de la Carpeta de Investigación y quedaron bajo el
resguardo del Ministerio Público.
La técnica de investigación se llevó a cabo poco antes del
mediodía de este jueves en una casa del Fraccionamiento de la Ex Hacienda de
Guadalupe, hoy colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón.
El representante social de la Fiscalía para la Investigación
de Delitos Cometidos por Servidores Públicos continúa con la integración de la
carpeta de investigación por la probable comisión del delito de enriquecimiento
ilícito.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en
apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los
días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a
disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745
2369 para orientación jurídica gratuita.
jueves, 5 de noviembre de 2020
Exigen indígenas juicio político contra Peña Nieto, Eruviel Ávila y del Mazo Maza por autopista Naucalpan-Toluca
- Por expropiación ilegal y desacato a 7 mandatos judiciales que protegen a la comunidad indígena otomí de Huixquilucan. La SCJN debe resolver pronto la queja administrativa por desacato y para que se cumplan las sentencias
Ciudad de México.
Además de solicitar el apoyo del presidente Andrés Manuel
López Obrador para que se cumplan las sentencias de siete mandatos judiciales a
su favor en contra de la expropiación de 750 mil metros cuadrados, la comunidad
indígena otomí de Huixquilucan dio a conocer esta mañana que han solicitado
juicio político por traición a la Patria en contra del ex presidente Enrique
Peña Nieto, el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas y el actual gobernador del
Estado de México Alfredo del Mazo Maza, como parte del proceso en contra de la
construcción de la autopista Naucalpan-Toluca.
En rueda de prensa esta mañana, Juan Villegas Mejía, quien
es representante común ejecutivo de la comunidad indígena otomí de Ayotuxco,
Yamazula, Quixtengo, Guiloteapan y sus pueblos San Francisco, Santa Cruz y rancherías
equiparables del municipio de Huixquilucan, Estado de México, explicó que el
poder judicial de la federación les reconoció la propiedad de la tierra, luego
que siendo gobernador del Estado de México el ex presidente Enrique Peña Nieto,
entregó en concesión el 7 de septiembre del 2007 las tierras de los territorios
indígenas de las comunidades de Toluca, Lerma, Huixquilucan, Villa del Carbón y
Naucalpan “a extranjeros de las empresas BlackRock y Aleática”.
Villegas Mejía relató que el Tribunal Superior Agrario
determinó que las escrituras públicas de 1644 y 1645 que presentaron, las
cédulas reales, los códices, los pergaminos, tienen valor jurídico, donde
Isabel Moctezuma, hija del rey Azteca Moctezuma II, les entregó la propiedad de
esas tierras que habían sido parte de su legado, lo que les devolvió la
propiedad de las tierras el 12 de octubre de 2012 y que causaron ejecutoria
desde 2015.
El pasado 21 de octubre el gobernador Alfredo del Mazo Maza
inauguró la autopista en solitario, con cuatro acompañantes más, porque la
comunidad de Huixquilucan se manifestó en contra ya que la obra afectó 140
manantiales y un acuífero subterráneo, río que abastece todo lo que es la
cuenca del río Lerma.
El representante indígena dijo que durante la construcción de
la obra acabaron con más de 700 mil árboles que fueron derribados, hubo
explosiones para rompimiento de todas las cuencas “y prácticamente se nos está
acabando el agua, el agua que es la vida porque toda ella es zona de recarga de
los acuíferos. Fauna, flora, agua, vestigios arqueológicos han sido
destruidos”.
Confirmadas las sentencias de los amparos 139/2012,
529/2016, 424/2016, 479/2016, 270/2016, 010/2017 y 1008/2019, hoy se encuentran
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicados mediante una queja
administrativa por la omisión y desacato judicial, tras haberse recuperado del
despojo de esas tierras desde 1993.
En total las comunidades indígenas otomíes presentaron 22
amparos en contra de la construcción de la autopista que hoy es administrada
por la empresa Autovan, de los cuales fueron efectivos los siete que hoy se
encuentran como queja administrativa.
“Pedimos a la Suprema Corte de Justicia que refrende la
escritura pública y que se libere la autopista; los terrenos son nuestros y
queremos que esa carretera sirva no sólo par que nosotros podamos transitar,
sino también quienes deban hacerlo para hacer los trabajos de reforestación y
cuidado ecológico para la restauración del área que ha sido destruida”, apuntó
Villegas Mejía.
El representante indígena estuvo acompañado por el
gobernador indígena de la Ciudad de México, Acamapixtli JM Castillo; el general
en retiro Mario Cervantes Muñoz, presidente del Consejo Supremo de la
Confederación Nacional de Seguridad y Justicia; Paulino López Jiménez,
consejero Mayor Indígena de Xochicuautla; la abogada Hortensia Corona; la
representante Piedad Garduño Suárez de Ayotusco y María Estéfany Zavala, de San
Francisco Xochicuautla.
Los representantes indígenas denunciaron que no sólo han
sido víctimas de discriminación en contra de grupos vulnerables como ellos por
la omisión e inacción de las autoridades, pese a que tienen el amparo de la
constitución avalado en siete juicios de amparo, sino que también han sido y
son violentados física y psicológicamente, como en el caso del propio Villegas
Mejía, quien fue detenido y acusado falsamente de ser parte del cartel Jalisco
Nueva Generación por el alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas.
María Estéfany Zavala dijo que constantemente policías
enviados por el alcalde y otros grupos llegan a sus casas constantemente y les
exigen que “dejen de estar chingando” porque “se los va a cargar la chingada”.
El problema es que esta carretera afecta no sólo las tierras de nuestras comunidades, sino también afecta a todos los habitantes de la Ciudad de México y el área Metropolitana, así como a los del valle de Toluca porque esa es una zona de recarga de los acuíferos que las abastecen y con esto que hicieron, poco a poco se van a ir secando, agregó Villegas Mejía.