Ciudad de México.- "Los derechos humanos no se
negocian. No podemos ponerle precio a la calidad de vida, al derecho al agua, a
la defensa del patrimonio", afirmaron vecinos del pueblo originario de
Santa Úrsula Xitla, de la delegación Tlalpan, durante la conferencia de prensa
que ofrecieron esta mañana para informar sobre el procedimiento jurídico para
echar atrás la construcción del centro comercial Patio Fuentes Tlalpan,
proyecto de la empresa MRP dirigida por un cuñado de Carlos Salinas de Gortari,
edificada con la complacencia, complicidad y contubernio de las autoridades en
el Gobierno de la Ciudad de México y de la delegación.
Los vecinos representados por Rolando Cañas y Octavio
Martínez Camacho, esperan sentar precedente jurídico, al ser la primera ocasión
en que un grupo de vecinos demanda a 10 autoridades ante un juez federal por la
protección de los derechos humanos y éste encontró elementos suficientes para
aceptar la demanda de amparo, dándoles confianza en que la resolución judicial
será favorable incluso para demoler la obra que ya va en un 90% de avance.
Los quejosos explicaron que el predio histórico conocido
como la Antigua Clínica Psiquiátrica San Rafael, fue vendido en 2012 y en 2015
se inició la construcción de un inmueble con una superficie de 101,378.04m2 y
1,580 cajones de estacionamiento en un sótano, por la empresa Grupo México
Retail Properties (MRP), de la que es presidente, Jerónimo Gerard Rivero,
cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
La autorización la dio el ex titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Simón Neumann, quien toleró un edificio
de 7 niveles. Y a partir de allí se vino una serie de irregularidades y
autorizaciones ilegales por parte de diversas autoridades del Gobierno de la
hoy Ciudad de México y de la Delegación Tlalpan, cuyos titulares son Miguel
Ángel Mancera y Claudia Scheinbaum.
El predio ubicado en la Avenida Insurgentes Sur, en el
cuadrante que completan las calles Arenal, Cuautla y Santa Úrsula, “fue una
donación a la orden de Los Monjes Juaninos para construir el Hospital San Rafael;
esta donación tenía como fin generar beneficios a la comunidad. Sin embargo, al
iniciar la construcción de manera ilegal, desde la SEDUVI se estuvo presionando
a otras dependencias para que se aceleraran los trámites y autorizaran la
construcción de la obra, sin haber consultado a los habitantes y violando las
leyes que garantizaban la protección de este espacio”, dijo el portavoz de los
vecinos Javier Méndez Guzmán.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de todas
dependencias públicas como SEDUVI, SEDEMA, SEMOVI, SACMEX y el Espacio Público,
entre otras, violó acuerdos internacionales que lo obligaban a consultar a los
pueblos originarios sobre la edificación de cualquier obra de grandes
dimensiones en su territorio, expresaron los afectados, ya que existen más de
20 colonias que van a ser afectadas en su movilidad.
Pero, además, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial (PAOT), a cargo de Miguel Ángel Cancino, reconoció en 2013 que la
obra traería serias complicaciones viales, por el impacto ambiental que
generaría y en 2015 solicitaron al Instituto de Ingeniería de la UNAM un
estudio de tráfico vehicular, el cual recomienda que la Secretaría de Movilidad
emita una opinión técnica desfavorable al proyecto de la empresa MRP.
Asimismo, los vecinos lograron obtener un documento de la
Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en abril de 2016, donde responde que
no cuenta con solicitud alguna para la demolición de ese bien inmueble.
A pesar de todo esto, en julio de 2015, el delegado interino
en Tlalpan, Héctor Hugo Hernández otorgó una autorización de construcción Tipo
C y SEDUVI autorizó la segunda demolición parcial del predio, lo que sólo dejó
la fachada del inmueble y dio paso a la destrucción de toda la capilla.
“Los pueblos originarios contamos con los documentos y
títulos primordiales del siglo XVI, a través del códice de San Agustín de las
Cuevas fechado entre 1532 y 1537, donde se reconoce la historia de Tlalpan y se
les nombra defensores de ese territorio”, dijo Margarita Guevara, actora en el
Juicio de Amparo.
Finalmente exigen al gobierno de la Ciudad de México y a sus
distintas dependencias “que dejen de defender privilegios económicos de unos cuántos
y protejan el patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestros pueblos”,
solicitando que se suspenda y cancele la obra.
Añadieron que confían “en los criterios de protección a los
derechos humanos que están obligados a seguir todos los jueces y en este caso
la participación de un juez federal nos da confianza de que sea sensible ante
este reclamo”, tras haber interpuesto un juicio de amparo ante el juzgado
décimo sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
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