Ciudad de México.
El Senado de la República debe aprovechar la oportunidad
histórica que tiene hoy para crear una Ley General de Educación Superior en
beneficio de los futuros profesionistas de nuestro país, con la esperanza que
obtengan mayor calidad y sea accesible a los grandes sectores de la población
mexicana que normalmente se ven desfavorecidos por la falta de espacios en la
universidad pública, destacó María Luisa Flores Del Valle, presidenta de
Alianza para la Educación Superior, AC.
Para la dirigente de ALPES, que integra en su seno a 142
instituciones particulares que atienden la formación profesional de 470 mil
estudiantes en 680 campus, después de mucho darle vueltas a las cosas y
presumir debates o parlamentos abiertos, el sentido de la construcción de la
ley parece que está hecho “para que todo quede igual, para que nazca obsoleta,
y sea un refrito de lo qué hay o con más prebendas para unos cuantos”.
Por lo que hizo un llamado para que los legisladores “rompan
paradigmas, cambien lo que hasta ahora no se resuelve para dar un piso parejo a
todas las instituciones particulares de educación superior y apoyen a todos
aquellos quienes trabajamos honestamente” porque de lo contrario “será difícil
aplaudir una ley que no garantiza el Estado de Derecho, teniendo en sus manos
la posibilidad y la oportunidad de hacerlo”.
En términos concretos, Flores Del Valle dijo que en los
artículos transitorios de la Ley se mantienen los beneficios y prebendas de
acuerdos presidenciales y secretariales que les permiten acomodar sus planes y
programas de estudio de forma discrecional, permitiendo que actúen
prácticamente como universidades autónomas.
En cambio, al resto de las instituciones particulares de
educación superior, una gran franja que resarce las obligaciones del Estado al
ofrecer la educación a un costo muy inferior al de las citadas, se les
perjudica con una sobrerregulación, tiempos excesivos de respuesta para la
aprobación de planes y programas, prohibitivos los planes en área de la salud y
la estigmatización como instituciones de mala calidad simplemente porque los
costos de las colegiaturas son accesibles a la población.
Incluso, a diferencia de estas instituciones que son
administradas por fundaciones y, por lo mismo, reciben un trato fiscal
benéfico, ALPES exige que las regresen al Título III porque las mandaron
fiscalmente al título II, con lo que les están cobrando el Impuesto Sobre la
Renta (ISR) que golpea fuertemente su economía no sólo para subsistir y
mantener su coadyuvancia con el Estado, sino para poder ofrecer mayor calidad
en la educación que imparten.
Por todo esto Flores Del Valle exige a los senadores de la
República que aprovechen la oportunidad que está en sus manos de aprobar “una
Ley General de Educación Superior justa, incluyente, equitativa y moderna (…)
“con piso parejo y, sobre todo, comprometida con la educación de los jóvenes
que van a engrosar el campo de la vida profesional y productiva de nuestro
país”.
“Necesitamos una ley en favor de las y los estudiantes, no
en beneficio de instituciones públicas de un sector, ni grupos de empresarios;
queremos una ley donde la discrecionalidad sea cosa del pasado y letra
divisoria del futuro; abogamos por una Ley General de Educación Superior que
ponga en el centro de su contenido la importancia de los principales actores,
los jóvenes estudiantes”, declaró Flores Del Valle.
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