La senadora Nestora Salgado García y el coordinador del
Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, suscribieron una
iniciativa que busca expedir la Ley General para Prevenir y Atender el
Desplazamiento Forzado Interno.
En el documento que se publicó en la Gaceta Parlamentaria,
los senadores estimaron que en México alrededor de 310 mil 527 personas
desplazadas -entre niñas, niños, mujeres, ancianos e indígenas- se encuentran
en extrema vulnerabilidad.
Principalmente, apuntaron, como consecuencia de la violencia
generalizada, violaciones a los derechos humanos, ataques armados o
enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
Sólo de enero a diciembre de 2018, la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró un total de 25 episodios
de desplazamiento forzado interno masivo que afectaron a 11 mil 491 personas y
ocurrieron en cinco estados, 20 municipios y 52 localidades.
Guerrero registró en ese año cinco mil 56 personas
desplazadas, lo que corresponde aproximadamente al 44 por ciento de la
población que enfrenta esta problemática. En segundo lugar se ubicó Chiapas con
cinco 35 desplazados, que representa el 43.82 por ciento. Y Sinaloa ocupó el
tercer lugar con 860 víctimas, es decir, el 7.48 por ciento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que
el desplazamiento forzado interno no ha sido documentado y analizado de forma
integral por el Estado, lo cual constituye el principal obstáculo para dar una
respuesta integral que México debe darle a este fenómeno.
En abril de 2019 el Estado mexicano reconoció oficialmente
la presencia del fenómeno en su territorio, pero todavía no se han implementado
leyes, programas o políticas públicas para atender, proteger y garantizar los
derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos.
Actualmente, señalan la senadora y el senado, nuestro país
carece de un diagnóstico oficial sobre la situación de las personas
internamente desplazadas.
En este contexto, el proyecto de los legisladores de Morena
considera los derechos y medidas de prevención, protección y asistencia en
todas las fases que comprenden el ciclo del desplazamiento; la creación de un
registro único de víctimas; la conformación de un Sistema Nacional para la
Prevención y Atención Integral.
La propuesta establece los derechos de las personas a una
investigación pronta y exhaustiva que permita la identificación y
enjuiciamiento de las personas responsables de los hechos que generaron el
desplazamiento forzado interno, así como a no ser privados arbitrariamente de
sus propiedades y posesiones y a que las autoridades realicen las acciones
necesarias para protegerlas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Derechos
Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.
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