- Las constructoras Aldesa con su filial Aldesem, Omega
Construcciones Industriales y Carso Infraestructura de Carlos Slim, entre otras
se niegan a reparar los daños ocasionados a las comunidades y el medio ambiente
En esta zona no han puesto diques de contención y todos los escombros se
irán al río y de ahí a las presas
México, D. F., a 4 de julio de 2013.- Los ejidatarios de los
estados de Sinaloa, Durango y Nayarit en cuyas tierras se construyó la
autopista Mazatlán-Durango y el Puente Baluarte son víctimas no sólo de los ex
funcionarios de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino también de
las empresas constructoras que han dañado a sus comunidades y el medio ambiente
y se niegan a realizar las reparaciones de los daños que son aún
incuantificables.
Por mala planeación no detectaron una falla geológica y
debieron abrir otro paso para el túnel.
Ernesto Pérez Virgen, representante de los 29 ejidos
afectados informó en días pasados a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes que “las constructoras a quienes ustedes les han concesionado
nuestras tierras para construir la autopista han provocado daños a nuestra
productividad, a nuestros bosques, a nuestros ojos de agua, a nuestros
pastizales, a nuestros pueblos sin que a esas constructoras se les haga
responsable de reparar estos daños que nos han ocasionado”.
Esta es la zona del hábitat de
la Guacamaya Verde que ha sido dividida y provocará la huida de las aves a la
búsqueda de otro lugar dónde anidar.
Las constructoras a las que se refieren los ejidatarios,
comuneros y pequeños propietarios de los tres estados son la española Aldesa
con su filial Aldesem, Omega Construcciones Industriales y Carso
Infraestructura de Carlos Slim, entre otras.
Uno de los directivos de Aldesa quien dijo que a cambio de los daños
dejarán una supercarretera.
Una de estas empresas, la española Aldesa es investigada en
España como parte del proceso que se sigue a Luis Bárcenas por la doble
contabilidad en el PP, por presuntas donaciones al Partido Popular, es decir,
presunta corrupción en la etapa del gobierno de José María Aznar, para la
adjudicación de contratos de obra.
El representante de los campesinos advirtió que los daños
son cuantiosos y “queremos que se realice avalúo por los daños… que las
autoridades correspondientes realicen la cuantificación de los daños y obliguen
a las constructoras a la reparación de los mismos. No queremos ser nosotros
quienes pongamos el precio porque la tierra como estaba es invaluable”.
Por ejemplo, en el ejido Pueblo Nuevo de Durango dañaron el
bosque reproductor de la Huacamaya Verde (Ara Militaris), que es una especie en
peligro de extinción y también fue afectada una de las zonas de mayor
productividad forestal, Pino Gordo. En los ejidos Chavarría Nuevo, Chavarría
Viejo y Comunidad de Chavarría Nuevo les incomunicaron sus servicios turísticos
de cabañas, las zonas forestales de producción agrícola y ganadera, les
aterraron (llenaron de escombro y piedra) los saltos de agua, manantiales y
arroyos.
El Pueblo de Coscomate prácticamente lo enterraron y
dividieron con el paso de la autopista, perdiendo los ejidatarios pobladores
del lugar el millón 200 mil pesos que recibían anualmente por el concepto de
servicios ambientales (proteger y cuidar la zona boscosa) por parte de la
Comisión Nacional Forestal (Conafor).
En Nayarit incomunicaron 23 pueblos rumbo a la sierra, que
es paso ganadero, desviaron el río Acaponeta, provocando grandes inundaciones,
lo mismo que en el Río Pánuco. Secaron ojos de agua que alimentaban a
poblaciones completas e iIncomunicaron cerca de 2 mil hectáreas productivas de
mango, además de que construyeron alcantarillas enanas, que ha provocado
inundaciones a parcelas.
En tanto, en Sinaloa la Dirección de la SCT con el apoyo del
gobierno municipal de Mazatlán encabezado por Alejandro Higuera Osuna, instrumentaron
acciones penales y represivas contra líderes ejidales y pequeños propietarios
que plateaban negociar el pago de la tierra en donde se está construyendo el
libramiento tres: los dirigentes ejidales y pequeños propietarios siguen un
proceso penal a pesar que la PGR ha dictaminado que los encarcelados no estaban
en el lugar que señaló la SCT en la denuncia penal.
En prácticamente todos los casos el material y residuos
vertidos en los arroyos, van a contaminar las presas con azolves, como lo
advirtió la Profepa en estudios realizados. "Uno de los españoles de
Aldesa nos dijo, pero lezzzh vamos a dejar una zzzhupercarretera", expresó
José Luis Coria Quiñones.
Los ejidatarios exigen que se construyan los puentes,
caminos saca cosechas y pasos de ganado ya dados a conocer a los funcionarios
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los responsables de las
empresas constructoras, así como la reparación de los cauces de los arroyos, de
los ríos Pánuco y Acaponeta; la recuperación de los ojos de agua, así como la
reforestación de los bosques y pastos que alimentan el ganado y la fauna
silvestre.
Los daños no sólo afectan la circulación de los productos
agrícolas y ganaderos de los campesinos, sino que provocan un mayor
empobrecimiento en sus ingresos económicos y disminuyen sus niveles de
alimentación familiar y lesionando sus niveles de vida y su futuro como sujetos
productivos, agregó Pérez Virgen.
