Después de los primeros 10 días de actividad de las Nuevas Administraciones Municipales, particularmente en el Estado de México, resulta importante observar algunos de los problemas comunes a que se están enfrentando prácticamente todas las recién estrenadas administraciones, que refiere a las cuestiones laborales por una parte, como también a la forma anticipada en que desde ahora se pretende cambiar la manera para atender la gestión pública.
1.- En consecuencia las Administraciones Municipales en ejercicio, para el periodo 2009-2012, enfrentan naturales resistencias de un preciso número de elementos, aún incorporados como activos en la nómina correspondiente a cada ente municipal del territorio mexiquense, en tanto que entre otras pretensiones desean continuar “laborando” para el sector público, como también -en caso contrario- conservar en términos de la legislación laboral vigente, derechos adquiridos y lo que ello implica en la calidad de prestaciones, ante un eventual finiquito por terminación de la relación laboral.
No obstante en la práctica recurrente de este tema -que por otro lado se ocasiona al final del turno del poder público municipal cada tres años- es de observar que en algunos casos el tema ya dejo de ser exclusiva competencia de las autoridades al respecto, es decir Juntas de Conciliación y Arbitraje e incluso el Tribunal en la materia, para ceder su lugar a la intención confusa de los aventureros inexpertos, que en política orientan su acción sin duda para la inestabilidad de la institución municipal, que hasta antes del 17 de agosto del 2009 al parecer decían estar al frente, además de contar con la calidad de “representantes populares” o con mandato a dicha Soberanía.
Sobre el punto es necesario subrayar que el proceso electoral 2009, así como su diseño y manejo institucional, se concluyo formalmente con la toma de protesta Constitucional de los nuevos Representantes Populares, con dicho acto también se confirmo que los actores políticos involucrados – incluidos los Diputados de la LVI Legislatura del Estado de México aún en ejercicio - y sus resoluciones transformadas en mandatos de Ley, tan significativos como las reformas en materia electoral, pero ahora más en cuanto el texto de la vitalizada Ley Orgánica de los Municipios, como a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; a propósito de las modificaciones publicadas en la Gaceta de Gobierno el 17 de agosto del presente en el decreto número 297, que entre otras cuestiones anticipan ampliar el espectro de los denominados trabajadores de confianza, el límite temporal de la relación laboral y los términos para el reclamo de los derechos laborales.
2.- Mientras que en materia administrativa, lo fundamental se orienta en la forma, que a partir de ahora, deben incorporar en la estructura de la administración pública municipal; así la lógica de actuación y funcionamiento de cada uno de los servidores públicos en la gestión de los ciudadanos y población de cada municipio, por lo menos en lo que al Estado de México, implica la propuesta alternativa permanente de actualización, capacitación e, incluso, certificación de la actividad profesional del personal adscrito a los Ayuntamientos mexiquenses. Siendo la profesionalización la estrategia que implique elevar la competitividad municipal, pero también la mejor calificación que presuma a la entidad federativa mexiquense – comparada con las demás que conforman el pacto federal – como baluarte donde se prepara el adyacente Presidente de toda la República.
Administrar los problemas en los municipios debe, en consecuencia, establecerse como una excelente oportunidad para el desarrollo de la dignidad de los que poblamos el territorio mexiquense, no solo espacio para administrar las crisis coyunturales, que como en este caso distrae energía fundamental de los responsables de la gobernabilidad, pero también garantes de mejorar las condiciones de vida en cada uno de los aún 125 municipios de nuestra entidad.
ALEJANDRO TAPIA GONZÁLEZ.
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