- Hasta la fecha se han perdido más de 1000 empleos y alrededor de 15 millones de pesos mensuales por falta de permisos legales que SEMOVI se niega a tramitar y entregar: CMPV
México, D. F.- Derivado de la negativa que al día de hoy
mantiene la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal para recibir la
documentación requerida para la portación de publicidad móvil en transporte de
carga, las 47 empresas que conforman el Consejo Mexicano de Publicidad Móvil
continúan enfrentando una significativa pérdida económica y laboral al no poder
realizar su actividad empresarial, que de acuerdo al marco regulatorio de la
ley de movilidad vigente en la Ciudad de México, es totalmente legal, afirma
Salomón Alcalá, presidente de la organización.
El medio de publicidad móvil representa una importante
fuente laboral al crear más de 15,000 empleos directos e indirectos con los que
miles de familias mexicanas, en su mayoría jefes de familia, personas de la
tercera edad y madres solteras, han forjado un patrimonio y seguridad
financiera como respuesta a la falta de empleo que en México existe.
Sin embargo, este patrimonio se ha visto gravemente afectado
por la actitud prepotente y negativa que las autoridades en la materia han
manifestado, generando una incertidumbre para quienes buscan trabajar de forma
legal y apegada a las leyes.
En el Distrito Federal existen por lo menos 100 personas y/o
empresas físicas con actividad empresarial en el ramo de la publicidad móvil
que le dan trabajo a profesionistas, técnicos, operativos, entre otros. De este
padrón, siendo muchas de ellas microempresas, algunas han cerrado sus
operaciones a partir de noviembre de 2014, a raíz de la prohibición sin
fundamentos legales ni jurídicos que avalen la decisión gubernamental.
Las mermas económicas se contabilizan en 15 millones de
pesos mensuales derivados de la pérdida de contratos al no poder ofrecer sus
servicios como empresas, el pago de multas y gastos de corralón al remitir sus
unidades de trabajo, de las cuales algunas de ellas aún no han sido liquidadas
en su totalidad, volviendo este negocio en un viacrucis cuando este debería ser
como un oasis en medio del desierto que representa el desempleo y la crisis
económica por la que atraviesa el país.
En materia de derechos humanos, los integrantes del Consejo
Mexicano de Publicidad Móvil denuncian la violación de los mismos tras el
atentado sufrido en mayo pasado donde al tratar de buscar un acercamiento con
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el cual ha
ignorado el diálogo al hacer caso omiso de los escritos que este consejo le ha
hecho llegar a sus oficinas.
El 25 de mayo, afirman, fueron violentamente reprimidos por
parte de granaderos quienes detuvieron la caravana pacifica de vehículos que
pretendía llegar ordenadamente y de forma organizada al Zócalo Capitalino,
coartando así el derecho constitucional a la libre manifestación.
La movilización de publicistas fue violentamente reprimida
por los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes amagaron a
los manifestantes con llevarse 6 vehículos particulares al corralón para
permitirles realizar la movilización, sin embargo, tras llevarse los vehículos
las autoridades no permitieron que la marcha iniciara su camino, es decir se
llevaron los 6 vehículos y no les dieron oportunidad de manifestarse.
Al día de hoy, la Secretaría de Movilidad mantiene cerrada
la ventanilla para la expedición de permisos para portar publicidad en
transporte de carga, rubro en el que se rigen los empresarios de publicidad
móvil, de acuerdo a la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal que
establece los requisitos y las condiciones para los mismos. Desde abril de 2015
el personal de la Secretaria de Movilidad del Distrito Federal suspendió la
recepción de dicha documentación, canceló los permisos que ya estaban en
trámite, además de amenazar con revocar los ya existentes por órdenes del
gobierno central, negando así el derecho a trabajar de forma legal a las 47
empresas que conforman este Consejo.
Ante la arbitrariedad y cerrazón con la que se han topado
los integrantes del Consejo Mexicano de Publicidad Móvil, buscan una pronta
solución a su problemática dado que el Gobierno del Distrito Federal y la
Secretaría de Movilidad han emprendido una cacería de brujas en contra de la
actividad que a la luz de la ley de Movilidad es legal, convirtiendo al
Distrito Federal en un paraíso de inconsistencias e incongruencias donde al
parecer lo que debiera estar avalado y permitido por las leyes es prohibido por
la interpretación equivoca y necia de sus funcionarios.