Ciudad de México.
Por Walter Ramírez Aguilar/ Reportaje
La publicidad gubernamental tiene que ser regulada. Hoy
existe un sobre ejercicio en su presupuesto y el gasto erogado no es
transparente. Hay opacidad y su ejercicio arbitrario pone el riesgo la libertad
de expresión.
Y aunque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
tiene que emitir la ley reglamentaria sobre gasto gubernamental en comunicación
social, a más tardar el 30 de abril de 2018, la verdad es que los legisladores
pueden no acatar la instrucción que les envió la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), desde el pasado 15 de noviembre, y continuar en desobediencia
y hasta convocar a un periodo extraordinario de sesiones para crear la
reglamentación referida.
Y aunque por su desacato cabe la posibilidad que una jueza
federal requiera a los presidentes de ambas Cámaras, para eventualmente
destituirlos y consignarlos penalmente, el ánimo de las fracciones
parlamentarias en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es el de ir
adelante con esta reglamentación y dejar las reglas claras. No obstante, hay
voces que afirman que persiste la simulación.
Vale la pena recordar, que es la primera vez en la historia
del país que la Corte ordena al Congreso Federal expedir una ley, así como la
primera vez que el mandato para reparar una omisión legislativa deriva del
amparo promovido por un particular.
La sentencia de la Primera Sala provino luego de que el
Congreso incumplió el tercer artículo transitorio de la reforma constitucional
de febrero de 2014 cuyo propósito fundamental fue el de “garantizar que el
gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes
presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los
presupuestos de egresos respectivos, en todos los niveles de Gobierno”.
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