Péndulo político (reflexión)
Por: Emiliano Mateo Carrillo Carrasco
La corrupción al alto nivel del poder público:
“Los gobiernos, las formas de Estado, las opiniones, los
hombres cambian, todo se precipita y desaparece en ese furioso torbellino del
cambio de siglo, sólo uno se queda siempre en el mismo sitio, al servicio de
todos y de todas las ideas” Joseph Fouché. Las tres funciones esenciales
del Estado mexicano: Legislativa, La
Administrativa y La Jurisdiccional. Estas tres funciones no pueden, de ninguna
manera, desvincularse o separarse. Sino
que deben estar conexas o interdependientes como actividades de un todo que las
involucra, es decir, el poder público. Afirmar lo contrario nos llevaría al
absurdo de que dentro del orden estatal existen tres poderes o soberanías.
La doctrina de la división de poderes se debe entender como
la separación, no de las funciones en que el poder público se traduce, sino de
los órganos que lo integran para evitar que se concentre en uno solo. Las
funciones del Estado, son todas aquellas que su Constitución y las leyes
emanadas de la misma le confieren, y; sólo podrá realizar los actos que le
faculten los ordenamientos legales antes citados. El principio de la división
de poderes, constituye uno de los fundamentos de todo régimen democrático, en
cuanto que los poderes en su actuación están frenados por los otros poderes,
están limitados por el derecho: Articulo 1.- de la constitución la medula del
Estado mexicano: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece. Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley. Reformado 10 junio del 2011.
En la década de los
80´s nace el neoliberalismo
respaldado por grandes corporaciones
financieras y los próximos Mandatarios
educados en las escuelas de Harvard y Yale, donde es más fácil dominar una
conciencia que un pueblo, en los tiempos de Zedillo y de Salinas, para
promocionar los famosos cambios y relaciones que se deberían mantener con los
gringos por medio de tratados, donde ellos, si se han beneficiado y con
negocios que les han dado mucho que ganar, las reformas constitucionales en
pleno acaparamiento de los litorales, recursos naturales, explotación humana.
Los principios de la justicia son: La libertad: requiere que la estructura
básica ofrezca al ciudadano un esquema de libertades básicas libertad de
pensamiento, de expresión, de asociación, salario, oportunidad de desarrollar
mi proyecto de vida, etc. La diferencia: permite las desigualdades sólo cuando
beneficien al grupo social menos aventajado. Ante las décadas de paciencia del
poder financiero y en momento justo de
consolidar los proyectos del
estado neoliberal-económico que les permita desplazar al estado de bienestar.
La iniciativa quedó diseñada para atraer a inversores
privados a operar de forma independiente en el país o asociarse con Pemex
mediante contratos de servicios, de ganancias y de producción compartida, así
como a través de licencias. Con el objetivo de que México asuma pactos con
particulares nacionales y extranjeros para la producción de hidrocarburos, la
reforma modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y finalmente
resultó una apertura mayor que la comprendida en la primera propuesta de Peña
Nieto.
Al mismo tiempo, representó un
cambio radical con respecto a la legislación vigente desde el siglo pasado,
cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria energética y
estableció que esa actividad sería exclusiva del Estado. Al promulgar la
iniciativa, Peña Nieto señaló que con ella se garantizará la propiedad de la
nación sobre Pemex, la CFE, los hidrocarburos y la renta petrolera. Con la
energética se abre una nueva etapa para el desarrollo, expresó el gobernante, esto
en base a la leyes secundarias que permitirán su operatividad y funcionalidad
del como y para que estas normas fueron objeto de las reformas en la búsqueda
del bienestar común.
Las acciones del Estado mexicano de grandes negocios de dos
sexenios de la ultraderecha panista, donde la función pública como eje de
grandes negocios, concesiones, involucrados
los estados políticos e empresariales, que hoy están en su cuartel den
el estado de Guadalajara, una vez más regresaron a su cuño con el PRI. Los cambios a las leyes en materia de energía
fueron un traje a la medida para las trasnacionales. El futuro es sombrío, pues
lejos de bajar, los precios de la electricidad, la gasolina y el gas irán en
aumento. A merced de las corporaciones extranjeras estará la economía de los millones
de familias mexicanas. “Lozoya Austin tiene la obligación de informar cuál fue
el papel de Pemex en este horroroso desaguisado que destapa todo el estercolero
de los gobiernos de Fox y Calderón. La
Procuraduría General de la República (PGR) aseguró ya a Oceanografía. El fraude
a Banamex podría ascender a los 360 millones de dólares en créditos,
relacionados con el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en
materia de contrataciones públicas, relacionadas con Pemex.
Y firmadas de puño
y letra por funcionarios de la paraestatal. La denunciada corrupción en las
operaciones de la empresa Oceanografía, la preferida de Pemex en los gobiernos
panistas por mandato de Martha Sahagún y sus hijos Bribiesca, y el escandaloso fraude
al CitBank (Banamex) tendría que poner a reflexionar a los legisladores
mexicanos, que hasta ahora pareciera que se están haciendo tontos con el asunto
de la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción, uno de los
compromisos, hasta ahora no concretados, del presidente Peña Nieto. “Francisco
Gómez Maza”. Ante la falta de consenso
social e imposición de imponer la ley implicaría un intento de violar la
libertad, la dignidad personal o la misma esencia humana de los miembros de la
sociedad. Para todo hombre que vive en un medio social, la libertad personal
significa no ceder en su pensamiento o voluntad ante ninguna libertad que no
sea su propia razón o su propia idea; es decir, no reconocer otra verdad que
aquella a que el mismo ha llegado y no someterse a otra ley que no sea la
aceptada por su propia conciencia. La libertad no significa la libertad del
hombre respecto de las leyes inmutables de la naturaleza y de sociedad, si no
la capacidad de emanciparse gradualmente del mundo endógeno y exógeno, con la
ayuda del trabajo racional y, que significa el derecho del hombre de disponer
de sí mismo y actuar a sus propias convicciones, derecho que se opone a las
exigencias autoritarias y despóticas de cualquier otro hombre, grupo, clase o
sociedad global.