- El director de seguridad pública municipal debe presentar una disculpa institucional al adolescente y a su padre
Toluca, México.- La Codhem, emitió la recomendación 03/2016
al presidente municipal de Ixtapaluca, luego de verificar violaciones a los
derechos humanos de un menor, quien a manos de policías municipales fue
sometido, golpeado y detenido por meras conjeturas de alteración del orden
público.
El caso investigado por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos reviste importancia pues las leyes nacionales, estatales e
internacionales otorgan a las personas menores de edad, especial protección por
ser consideradas como población vulnerable.
Después de corroborar irregularidades en la actuación de los
elementos municipales, el organismo estableció que incurrieron en violaciones a
los derechos del menor, a no ser privado de la libertad de forma arbitraria, a
la legalidad y seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad
personal.
De acuerdo a la investigación del personal de la Codhem,
existen testimonios en el sentido de que el adolescente sólo paseaba a su
mascota, por tanto, el aseguramiento no se apegó a la legalidad y seguridad
jurídica, al no existir pruebas ni elementos que acreditaran la infracción
administrativa ni tampoco que estaba bajo los influjos de alguna sustancia
tóxica.
La Comisión determinó que no se cumplió con el procedimiento
especial de detención, con pleno respeto a los derechos de los niños y
adolescentes, a pesar de que la normatividad nacional y tratados
internacionales señalan que por su falta de madurez física y mental, los
menores de edad necesitan protección y cuidados especiales, y debe prevalecer
su interés superior ante cualquier otro en su perjuicio.
Tampoco se notificó de inmediato a sus familiares sobre la
detención, sino que el padre del agraviado fue alertado por los vecinos de que
la policía lo estaba golpeando.
Por otra parte, al ser remitido a la Oficialía Calificadora
no se constató el estado de salud del menor por la falta de servicio médico, lo
cual evidencia prácticas indebidas que derivan en violación a derechos humanos
y ponen en riesgo la integridad de todas las personas privadas de la libertad.
En este caso, no se otorgó a la víctima la atención requerida.
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