Ciudad de México. El Movimiento Nacional Taxista cuestionó
el paradero de los ingresos por concepto de validación vehicular, cuyo costo es
de 1,650 pesos equivalentes al pago de la revista vehicular que un taxi
concesionado tiene que cubrir y que a diferencia de éste, el dinero de la
validación no llega a la Tesorería, sino a la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México, por lo que no se sabe quien administra dicha contribución. En
cambio, los 140 mil concesionados aportan 4 mil 200 millones de pesos a las
finanzas del Gobierno de la CDMX.
“De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la empresa CARD
RECORD TECHNOLOGY, SA de CV, de cuestionable creación, es la encargada de
administrar estos fondos, pero el concepto de validación vehicular, es un
concepto que no existe en el Código Fiscal de la CDMX, por lo que es
preocupante saber a dónde se va ese dinero, así como dónde están los más de 80
millones de pesos que han aportado estas dos plataformas por el concepto del
1.5 por ciento en un año para el Fondo de Mejoramiento del Taxi, la Movilidad y
el Peatón, uno de los requisitos para llevar a cabo el acuerdo ilegal que
permite que empresas como Uber presten un servicio ilegal”, destacó Ignacio
Rodríguez, vocero del movimiento.
En conferencia de prensa destacaron que a diferencia de
Cancún donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte puso un alto a Uber
y lleva más de 400 vehículos detenidos y sancionados desde el inicio de la
nueva administración estatal, la ciudad de México se ha convertido en tierra de
nadie donde empresas económicamente poderosas atropellan la legislación e
instalan Aplicaciones Tecnológicas para dar un servicio ilegal de transporte de
pasajeros como ocurre ya con Buggy Rides, Taxify y Ergomotos.
Pero no sólo eso, sino que al contrario de los taxistas
concesionados que deben regirse a tarifas oficiales, Uber, por ejemplo, la
semana pasada comenzó a cobrar de forma unilateral, porque así se los permiten
las autoridades, un incremento de 2 pesos por la solicitud de servicio, más
3.60 para otras contribuciones, además del 1.5 por ciento del viaje para el
Fondo de Mejoramiento del Taxi, la Movilidad y el Peatón, áreas peatonales y la
movilidad, costo que están trasladando al usuario.
Hugo Guerrero dio a conocer que los concesionarios en todo
el país están perdiendo un aproximado de 300 pesos por día, lo que multiplicado
por los 700 mil concesionados en todo el país arroja una cantidad de 412
millones de pesos diarios que se van a las arcas de estas empresas
transnacionales y no al mercado interno de nuestro país.
En tanto, Daniel Medina, vocero de Taxistas Organizados de
la Ciudad de México, resaltó que en materia de seguridad, el índice de delitos
graves cometidos en los taxis concesionados no rebasa el uno por ciento anual:
“Se encuentra en 0.5 por ciento la comisión de delitos graves, es decir una
cifra muy baja, sin embargo al pedir información a la Procuraduría General de
la República sobre este dato entre los vehículos de Uber y Cabify, la respuesta
es nula, sentimos que hay un encubrimiento al dar esa información, sin embargo
y afortunadamente, los medios de comunicación han dado cuenta de los delitos
cometidos como robo, violación e incluso muerte por accidente y cuyo seguro no
respalda en absoluto al pasajero”, subrayó.
Los Taxistas Concesionados Organizados de México,
integrantes del Movimiento Nacional Taxista, destacaron que de la omisión,
complacencia, colusión y corrupción que existe en el Gobierno de la Ciudad de
México han impuesto un servicio pirata de corte transnacional que, como hemos
dicho, se lleva al extranjero la renta que debería ser de los mexicanos y los
impuestos para la ciudad y el país.
Propiciado por observar la condescendencia del gobierno de
la Ciudad, ahora “han aparecido otras aplicaciones que trabajan sin concesión
como Buggy Rides, cuyos inversionistas son, entre otros, Bruce Patrick Boren,
vicepresidente de Televisa Network y Ana Midori Franco Endo, directora del área
administrativa y financiera del ITAM. A este sistema le llaman “club”, cobran
en efectivo o con tarjeta y a este cobro lo conocen como ‘compensación’ para
evadir impuestos”.
Lo mismo ocurre con otra empresa, Taxify y Ergomotos que
presta un servicio parecido, sin concesión, con 50 motocicletas al momento. De
esta forma, los taxistas concesionados de la ciudad de México, los legales,
tienen una competencia desleal y ruinosa contra los más de 45 mil piratas
llamados Panteras que usan la cromática oficial con placas individuales de la
ciudad de México, del Estado de México y otros estados, sino contra los más de
45 mil Uber, los más de 15 mil Cabify, los más de 18 mil mototaxis y las nuevas
aplicaciones.
Y no sólo eso, sino que en la Asamblea Legislativa, el otro
órgano de gobierno, en lugar de llamar a hacer cumplir las leyes que allí
emanan, están buscando continuar el traje a la medida para estas aplicaciones,
como lo está haciendo la diputada Wendy González, que busca haya módulos de
quejas para las aplicaciones.
Los taxistas dijeron que aquí se combinan a la vez la Ley de
la Selva y la Ley de Herodes, cada quien hace lo que quiere en esta CDMX, al
amparo de un gran cochinito que están engordando para el tema electoral. La
recaudación sin dar vista a la Tesorería es eso, el gran cochinito, como son
los comerciantes ambulantes, los vagoneros del metro, los viene-viene, y tantos
y tantos que trabajan en la informalidad, fuera de la ley y que se persignan
con las autoridades.
Sin embargo, los taxistas de las terminales, el aeropuerto y
sitios y bases en la Ciudad de México dijeron que seguirán en pie de lucha y
van a incrementar sus movilizaciones, denuncias y las acciones jurídicas
consecuentes “porque sabemos que tenemos la razón y les vamos a tumbar el
negocito a los políticos y estas empresas transnacionales, no sólo en la ciudad
de México, sino en todo el país. Ya les daremos noticias más adelante”.
