Toluca, México
Al resaltar que desde la 60 Legislatura mexiquense se
fortalecerá la normatividad para contribuir a solucionar los problemas a los
que se enfrenta la juventud, el diputado Sergio García Sosa (PT), presidente de
la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, llamó a las
instituciones involucradas a redoblar esfuerzos en la prevención del delito y
reducir los indicadores.
“Es por ello que ponemos a su disposición todo aquello que
se refiera a la materia de legislar para ayudar a las instancias que tratan los
problemas juveniles en nuestro estado”, agregó Sergio García, durante la
segunda sesión ordinaria de la Comisión de Justicia de Adolescentes del Órgano
de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de
México, celebrada en el Palacio Legislativo.
Al señalar que Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y
Toluca se encuentran entre los municipios con más ilícitos cometidos por
adolescentes, subrayó que la justicia para ellos reclama alternativas
puntuales, que no deben ser dictadas para castigar a un ciudadano más, sino
tener en cuenta que la juventud es el futuro de la sociedad y que se necesita
una reinserción real y efectiva en el sistema de justicia penal.
La legisladora Violeta Nova Gómez (morena) expresó que la 60
Legislatura tiene las puertas abiertas para el diálogo y la coordinación de
trabajos con las instituciones encargadas de velar por el bienestar de las
niñas, niños y adolescentes, y desde ahí fortalecer el marco jurídico
correspondiente, además de coadyuvar para que existan suficientes procuradores
para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en los municipios.
Del PAN, la diputada Ingrid Krasopany Schemelensky Castro
dijo que este tipo de reuniones enriquecen los trabajos legislativos y
manifestó su interés por las causas que motivan a un menor a delinquir y su
posible involucramiento en casos de trata de personas y narcomenudeo.
El magistrado Héctor Pichardo Aranza, coordinador de la
Comisión de Justicia de Adolescentes del Órgano de Consolidación del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de México, reconoció la apertura de
la Junta de Coordinación Política, y de la Legislatura en su conjunto, para
trabajar en las modificaciones normativas que mejoren el funcionamiento de las
dependencias y fortalecer la procuración y administración de justicia para este
sector.
Agregó que se debe apostar por una justicia para
adolescentes más humana, basada en la prevención y no solo en la sanción, e
indicó que se deben fortalecer las políticas públicas para evitar la captación
de adolescentes por el narcotráfico, que deriva posteriormente en su
participación en delitos contra la salud, secuestro, violación, homicidio y
lesiones.
Ofelia Esperanza Cruz Montañez, fiscal especializada en
materia de delitos cometidos por adolescentes, explicó que los municipios con
más de estos ilícitos son los que tienen una mayor población en este rango de
edad, la cual puede compararse con las poblaciones totales de estados como
Campeche y Tlaxcala.
En representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
David Ángel Reza Cortés señaló que para fortalecer la atención a niñas, niños y
adolescentes, la institución lleva a cabo acciones de prevención social del
delito, escuela segura, educación vial y ferias escolares, y subrayó la
necesidad de capacitar a los policías para mejorar su labor.
Del Instituto de Defensoría Pública, la directora, Hilda
Nely Servín Moreno, expresó que esa dependencia debe fortalecerse con más
defensores, peritos y trabajadores sociales, y subrayó oportuno reformar el
cuerpo normativo de acuerdo con el sistema de justicia penal.
De la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, Cristel Yunuen Pozas Serrano reconoció que el Estado de México es
de las pocas entidades que en su legislación incluye a estas procuradurías a
nivel municipal.
Mayra Azucena Molina Villalobos, de la Defensoría
Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito, señaló que, de acuerdo con
la organización México Evalúa, la entidad requiere un mínimo de 600 asesores
jurídicos, pero actualmente cuenta con 105, que son insuficientes para
satisfacer la demanda, por lo que solicitó el apoyo de los legisladores en
materia presupuestal.
Silvia Cuevas Gómez, en representación de la Dirección de
Reinserción Social y Tratamiento de Adolescentes, explicó que existen 23
Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, un albergue y un
centro de internamiento para adolescentes, y recalcó la falta de personal que
enfrentan la mayoría de las instituciones.
Por su parte, Fredi Hinojosa, de la dirección general del
Centro Estatal de Medidas Cautelares pidió el apoyo de los diputados para la
creación de una subdirección especializada en adolescentes.
A la sesión también acudieron los diputados Gerardo Ulloa Pérez
y Julio Alfonso Hernández Ramírez, de morena; Juan Maccise Naime, del PRI, y
José Antonio García García, del PAN.
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