POLICÍAS COMUNITARIAS: "AL JODIDO QUE SE LO JODAN"
México, D. F., a 26 de febrero de 2013.- En la época moderna
la revolución hizo justicia a sus hijos, aquellos generales y sus familias, que
por la fuerza de las armas se apropiaron de una parte del México de principios
del siglo XX. Haber enarbolado las banderas de la lucha revolucionaria les dio
a los “caudillos” nombre, prestigio y dinero, mucho de él arrebatado a sus
antiguos dueños, así como los trapiches, molinos y grandes haciendas.
A la par, surgieron otros hombres que ya no tuvieron la
misma suerte, pero quienes vieron en el uso de las armas una forma de poder y
se hicieron, ya no de haciendas que ya tenían nuevos dueños, pero sí de ranchos
que permitía el reparto agrario realizado por Lázaro Cárdenas. El poder de las
armas, del dinero y la posición estratégica de las tierras abarcadas, dio paso
a miles de caciques regionales, señores de horca y cuchillo que pronto pasaron
a formar parte de otro segmento de la vida nacional.
Si lo generales y sus familias se hicieron cargo de la vida
pública del país tras la “consumación” de la revolución y más tarde en el
inicio del México “institucional” con la creación del Partido Nacional
Revolucionario, los caciques se apropiaron de la esfera local en los estados y
municipios, según su fuerza y poder económico.
Aún hoy en México pasa desapercibido para la gran mayoría de
la gente porque las noticias se dan como simples hechos de nota roja, pero si
se les da una lectura informada y atando cabos, una gran parte de los
asesinatos entre miembros de familias en las zonas rurales del país, pertenecen
a las luchas caciquiles por mantener o tomar el poder económico y político.
Alcaldes y ex alcaldes muertos por estar ligados a familias caciquiles se
cuentan por montón.
Cada uno de los estados y municipios tuvo y aún tiene a su
cacique o caciques, muchos de ellos que, incluso, llevan el nombre de su
dominador, sobre todo en los estados del sur de México. Los caciques actuales
tienen incluso nombre de ex gobernadores, que utilizaron y aún hoy utilizan a
las fuerza del Estado, es decir, a las propias policías, para delinquir y
apoderarse de los bienes de sus gobernados, ya sea por acción directa o por
omisión frente a pandillas delincuenciales.
Para luchar contra estos grupos, los propios ciudadanos,
poblaciones indígenas en su mayoría, se han tenido que armar y luchar, sin que
ello indique que traspasaron en ocasiones los límites de la legalidad, porque
el Estado, que debiera protegerlos, está controlado por sus propios agresores.
La lucha en contra de la fuerza del poder instituido no es
nueva en México. De hecho, su gestación viene desde la época de la colonia con
el negro Nyanga en Veracruz o Canek en Yucatán o los guardias tradicionales de
los pueblos seris y yaquis del noroeste del país.
Los pueblos indígenas tienen su propia forma de organizarse
al interior y, entre ellas, están la formación de sus órganos de seguridad y
justicia, que son reconocidos en el artículo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero más allá de las formas de seguridad de los pueblos
indígenas, también en comunidades indígenas o rurales han surgido las policías
comunitarias para defenderse de la delincuencia que por omisión, incapacidad o
abiertamente promovida, genera el Estado.
Estos grupos tienen la característica de contar con la
confianza y simpatía de las comunidades no sólo porque sus integrantes son
personas de las mismas —pueden ser el abuelo, el padre, el hijo o la hija—,
sino por el fin último de su unión: la defensa de los intereses y seguridad comunitarios
frente a los abusos de que son objeto de manera cotidiana.
Para mantener sus fechorías, los caciques económicos o
políticos han tenido que formar sus propios grupos de agresión, como una forma
de poder combatir las autodefensas comunitarias a través de los grupos
paramilitares o pandillas delincuenciales, que son otro tipo de grupos, que
nada tienen que ver con los anteriores.
Hoy está a debate la existencia de las policías
comunitarias, los grupos que auto defienden a sus propios vecinos, incluso de
quienes deberían defenderlos que son los policías. El poder político, que ha
dejado de cumplir una de las responsabilidades del pacto social como es la
defensa de sus ciudadanos, quiere combatir a quienes, de forma espontánea, han
asumido el papel omiso del Estado. Sugiero la lectura siguiente:
(http://www.policiacomunitaria.org/content/quienes-somos).
Interesante debate se presenta frente a un estado nacional
de ingobernabilidad que, si lo analizamos más seriamente, no es exclusivo de
las zonas rurales, sino también de las zonas urbanas y, en éstas, sobre todo
donde vive la clase económicamente pudiente y los políticos, quienes hoy se
niegan a la existencia de estos grupos de autodefensa; políticos que viajan
rodeados de guaruras prepotentes como ellos, para “resguardar” su integridad
física, y que viven en condominios o mansiones con altos protocolos de
seguridad. ¡Vaya cinismo el suyo! Dicen: “Al jodido, que se lo jodan”.