Coinciden legisladores, al suprimir en la Constitución local la prohibición de prisión a perpetuidad

• La reforma Constitucional y legal responde a la demanda ciudadana, de exigir sanciones más duras para delitos que lastiman el tejido social.
• La pena máxima se aplicará a: homicidio calificado, feminicidio, violación cuando cause muerte y se incrementa la penalidad cuando participen dos o más personas.
• De cuatro a ocho años de prisión, a quienes encubran delitos de alto impacto.

Toluca de Lerdo, Méx.- La prisión vitalicia es un pena adecuada al fenómeno de la criminalidad, demanda de la sociedad mexiquense que exige implantar sanciones más duras para quienes lastiman el tejido social, coincidieron los diputados de la LVII Legislatura del Estado de México, al suprimir en la Constitución Política local la prohibición de prisión a perpetuidad; así como aprobar reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para sancionar con prisión vitalicia a quienes cometan homicidio calificado, feminicidio, violación agravada cuando cause la muerte y prisión de 40 a 70 años, por violación agravada con participación de dos o más personas.

Durante la sesión deliberante, en la que los Grupos Parlamentarios fijaron su postura sobre el establecimiento de esta modalidad penal que, de acuerdo a los legisladores no contraviene la Constitución Política federal, coincide con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es acorde a los acuerdos internacionales como el Estatuto de Roma que menciona que no es cruel ni inusitada.

El diputado Edgar Castillo Martínez, leyó la reforma -aprobada por unanimidad- al Artículo 7 de la Constitución local, formulada por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, para suprimir de su primer párrafo la prohibición de la prisión a perpetuidad. Cabe destacar que se enviará a los 125 ayuntamientos mexiquenses, a fin de que emitan su voto y recabar la voluntad del Constituyente Permanente para que la Legislatura pueda pronunciar la declaratoria de aprobación.

En torno al dictamen que reforma los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, leído por el legislador Francisco Veladíz Meza, aprobado por mayoría —únicamente con el voto en contra del diputado Juan Hugo de la Rosa García— reforma los artículos 242, 242 Bis y 274 del Código Penal del Estado de México, para que, en los delitos de: homicidio calificado, feminicidio, violación agravada cuando cause la muerte, se aplique una penalidad de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa; en tanto, en el caso de violación agravada con la participación de dos o más personas aumenta la penalidad.

El resolutivo incluye la reforma al Artículo 23 del Código Penal, la cual indica que se entiende por prisión vitalicia una duración igual a la vida del sentenciado; asimismo establece que quien cometa el delito de encubrimiento, relacionado con homicidio, feminicidio, trata de personas y violación, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días multa agravándose las penas en caso de ser cometido por servidores públicos.

El primero en hacer uso de la palabra, el diputado del PSD Antonio García Mendoza, manifestó su voto a favor para hacer de la prisión vitalicia la pena máxima, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la de otros países han resuelto que la prisión vitalicia no es una pena cruel o inusitada. “No podemos negar que hoy la ciudadanía nos exige mano dura para abatir la delincuencia y que los perpetradores de los crímenes más serios no deben escapar al castigo extremo”.

“Apoyamos la idea de hacer de la prisión vitalicia la pena máxima, ya que nos pronunciamos tajantemente en contra de la imposición de la pena de muerte”, además dijo que el objetivo del sistema penitenciario es rehabilitar e reintegrar al recluso, desaforadamente no ocurre, constituyendo un grave peligro a la sociedad.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Horacio Jiménez López, indicó que se ha demostrado a través del tiempo que los intentos de readaptación social han fracasado, ocasionando el deterioro del tejido social y obstaculizando el desarrollo de un país, “son delincuentes con una construcción psicológica que no pueden readaptarse y más vale tenerlos recluidos”.

Invitó a la reflexión para atender el reclamo social para que aquellos que no pueden ser reinsertos se alejen de la sociedad. Consideró que no se trata de una medida política, “las encuestas dicen que la sociedad lo reclama, tenemos que responder”, afirmó.

“La seguridad pública y la procuración de justicia, son tareas que llaman a la unidad, a la suma de esfuerzos y a trabajar por encima de intereses particulares, se trata de temas sensibles que deben atenderse de manera coordinada, oportuna y eficaz”, manifestó el coordinador del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, Miguel Sámano Peralta.

“Hemos recibido el paquete de iniciativas que en materia de seguridad y justicia envió el titular del Ejecutivo estatal”, en el análisis y aprobación de éstas reconoció la actitud visionaria de los legisladores con el futuro del Estado de México, por lo que hoy podemos contar con un sólo andamiaje institucional y legal. Con estas reformas se crean mecanismos jurídicos más eficientes para combatir los delitos que tanto afectan a la sociedad.

Para el diputado Oscar Hernández Meza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, las reformas aprobadas contribuyen a que los mexiquenses cuenten con leyes modernas que se ocupen de la prevención del delito, pero dijo “es necesario difundir la severidad de las penas y con ello se inhiba la comisión de los ilícitos que más lastiman a la sociedad y se contribuya a la reestructuración del tejido social”.

Dijo que esta pena, no debe ser vista como una forma de venganza, sino como la resocialización de los delincuentes en ciudadanos que cumplen con la ley; además, los centros de reclusión tienen la obligación de contribuir con la resocialización de los internos a través del trabajo.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Lucila Garfias Gutiérrez, indicó que al aprobar estas reformas, la Legislatura se obliga a seguir trabajando por revertir los actos delictivos y su comisión que tanto laceran a la sociedad, “a quienes debemos ofrecer respuestas contundentes”.

Los Grupos Parlamentarios representados en las Comisiones dictaminadoras –dijo la legisladora- consideraron a la prisión vitalicia como una medida viable que buscar disminuir los delitos como feminicidio, homicidio y violación cuando se cause la muerte; penas ejemplares para aquellos que como indica el Estatuto de Roma justifica la extrema gravedad del crimen; además en estricto apegó a la Constitución federal no está prohibida y no es contraria, sin embargo dijo —aparejado a estas sanciones— debemos multiplicar esfuerzos para atender el problema desde su origen y fortalecer las instituciones.

Esta modalidad es una sobre reacción al problema delictivo, cuyos resultados no se ven traducidos en mejores condiciones de seguridad, en aquellos países donde se está aplicando, afirmó el diputado Víctor Manuel Bautista López, y dijo que en su origen afectaba el principio de proporcionalidad de las penas y de readaptación social.

Para el PRD, señaló Bautista López, el tema no debería ser el incremento de penas sino el combate a la impunidad; sin embargo, su posición no es responder negativamente a las iniciativas del gobierno. Año con año —dijo— verificarán los indicadores en la materia y si a pesar de estas medidas no se alcanza los fines para la cuales fue implantada, su Grupo Parlamentario refrendará su opinión de que no es la respuesta correcta, advirtió.

Del PAN, la legisladora Karina Labastida Sotelo, enfatizó que para su Grupo Parlamentario queda claro que con la prisión vitalicia se responde a la exigencia de la sociedad, de expulsar a un individuo peligroso y que debe ser recluido el resto de su vida; sin embargo, aclaró, es necesario dar certeza y garantía a los mexiquenses del irrestricto cumplimiento de esta medida y destacó que aún falta para reducir los altos índices de impunidad.

Conminó a todos los actores que intervienen en la procuración y administración de justicia a cumplir este decreto con verdadera decisión y voluntad política, a fin de que garantice una real justicia y no sólo sea una aprobación mediática.

“El México del Siglo XXI exige seguridad y sanciones ejemplares, cuando así lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”, expresó el diputado Carlos Iriarte Mercado, en representación del Grupo Parlamentario del PRI. Señaló que la reforma constitucional y legal aprobada responde a un llamado ciudadano, a inquietudes de la sociedad mexiquense que exigen la imposición de penas ejemplares a quienes cometen delitos que laceran gravemente la convivencia social.

Refirió que la Suprema Corte de Justicia ha declarando que la prisión vitalicia no constituye una pena inusitada ni contraviene a la naturaleza de la pena; además, los Estatutos internacionales la prevén, por ello, dijo, coinciden con el Gobernador en que “la prisión vitalicia es un pena adecuada al fenómeno de la criminalidad a los delitos señalados y proporcional al daño que se causa con cada uno de ellos”.