México. D. F., a 9 de octubre de 2012.- Convencido de que la transparencia de la gestión pública
resulta esencial para el gobierno democrático, la estabilidad social y el
desarrollo económico del país, Ernesto Villanueva plantea que la publicidad de
las declaraciones patrimoniales es un instrumento eficaz, aunque no el único ni
el más importante, para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas y,
por tanto, se le debe abrogar el carácter de potestativa en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además de que se
introduzcan normas que sancionen el enriquecimiento razonablemente variable.
El Dr. Ernesto Villanueva, Coordinador del Área de Derecho
de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó la víspera su libro “Función
pública, declaración patrimonial y transparencia”, (Novum, 2012), acompañado de
los doctores en derecho Jaime Cárdenas Gracia y Jorge Fernández Ruiz, quienes
fortalecieron con sus intervenciones, los argumentos del autor.
“La regulación de las declaraciones patrimoniales puede
introducir mayores hipótesis normativas para que esta sea una herramienta
eficaz contra la corrupción, al igual que para fomentar la transparencia y
regenerar la credibilidad en la actividad gubernativa”.
Agregó que de la misma forma “se debe sancionar a las
terceras personas que coadyuvan con los servidores públicos para disfrazar sus
propiedades (prestanombres), de suerte que se generen disuasivos para el desvío
de recursos o la simulación de patrimonios”.
En todo caso, afirmó Ernesto Villanueva para rematar su
texto, “sólo con la publicidad a la debida declaración patrimonial, el
escrutinio de la sociedad y la reforma legal para sancionar de la mejor manera
posible los actos ilegales, podrán darse pasos hacia adelante capaces de vencer
las inercias, las apariencias y la arraigada simulación que lastima la vida
pública”.
Ernesto Villanueva puso de nueva cuenta en el debate público
la obvia necesidad de imponer la transparencia de una manera clara y efectiva,
en todo lugar donde haya manejo de recursos públicos y uno de ellos tiene que
ver con la declaración patrimonial de los funcionarios públicos y
El Dr. Cárdenas Gracia expuso la necesidad de incluir
también en las declaraciones, como ocurre en algunos países, a los familiares
cercanos de los servidores públicos hasta un cierto grado de consanguineidad y
se preguntó si era más importante el diseño de nuevas instituciones autónomas
de transparencia o rendición de cuentas o que se privilegie la máxima
publicidad en cada caso, lo que sin duda ahorraría onerosas cargas al Estado.
“La existencia de tantos órganos autónomos los ha ido
demeritando. Estos órganos se han transformado en cuotas para los partidos
políticos, órganos que se han partidizado y los titulares de los mismos
representan el poder de esas cuotas partidistas; es el caso del IFE,
seguramente también de otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y el IFAI”, expresó Cárdenas.
Para el investigador del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, “el
tema central estriba en realmente dotar al órgano constitucional de la
información, de la transparencia, de la autonomía debida y no tal y como lo
pretende la iniciativa propuesta por los legisladores priístas y auspiciada por
(Enrique) Peña Nieto, en donde lo que se busca es, si, darle una naturaleza
jurídica distinta pero interviniendo en la designación de los comisionados el
propio titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.
Cárdenas piensa que debe incluirse un método distinto sin
intervención de los partidos, fracciones parlamentarias y el titular del Poder
Ejecutivo. Puede ser propuestas realizados por notables o las universidades y
que de la lista lograda, se realice una especie de sorteo o “de plano pensar en
un esquema aún más ambicioso, donde los comisionados del IFAI sean electos por
los propios ciudadanos, los del IFAI, del IFE, del Banco de México o la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Por su parte el Dr. Jorge Fernández Ruiz recordó que la
voracidad y la corrupción son patologías heredadas desde Hernán Cortés y Nuño
de Guzmán durante la Conquista y que éstas se agravan cuando se unen a la
impunidad. “Corrupción e impunidad, un binomio de alta peligrosidad para todas
las sociedades”.
Por este motivo, añadió, fue creada en 1996, por ejemplo, en
Caracas la Convención Interamericana contra la Corrupción, la que se celebró
cuando algunas figuras emblemáticas de la corrupción estaban en el poder como
Carlos Menem en Argentina o Ernesto Zedillo, artífice del Fobaproa. Luego Fox
firmó un tratado en 2002. Por tratados no paramos.
Fernández Ruiz, especialista en Derecho Administrativo, y
coordinador del Área de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, agregó que el servidor público está sujeto a un trato
especial, pero también debe sujetarse a ciertas obligaciones como que la
declaración patrimonial sea pública. Explicó que existe la excusa de que se le
puede poner en peligro ante la delincuencia organizada para lo que aseguró: “Si
no desea que ésta sea pública, que no sea servidor público”.
Para redondear la presentación realizada en el Aula de
Seminarios Guillermo F. Margadant, del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, Villanueva dijo que antes las Declaraciones Patrimoniales de los
servidores públicas eran secretas. Después se aprobó que de manera potestativa
decidieran ellos mismos si es pública o no. El siguiente paso debiera ser que las
Declaraciones Patrimoniales sean públicas siempre.