Péndulo político
Por Emiliano Carrillo Carrasco
A LA LUZ DE LA VISIÓN ESTADO NACIÓN POR EPN
Todo México coincide en el qué establecer política públicas
que sean a favor de la mayoría permitan romper los problemas de seguridad,
empleo, salud, educación de un gran segmento de la población joven de 16 a 35
años, corrupción e impunidad, donde los servidores públicos sean honestos y
eficientes. Lo más importante, es el cómo.
Ante la extravagancia del señor Agustín Carstens, gobernador
del Banco de México, de sus economistas y de los comunicadores que redactan los
reportes con que pretenden tranquilizar a los agentes económicos –
industriales, comerciantes, coyotes y la sufrida clase trabajadora, que ya no
ve lo duro, sino lo tupido de la carestía de la vida, el discurso cantinflesco
deviene en un dechado de claridad meridiana ante su círculo de
kakistocratas imbatibles ante la
desesperanza de su pueblo en carencias de pobreza, alimentación,
enfermedades e inseguridad que viven en
carne propia millones de mexicanos, donde luchan por llevar unos pesos a sus
hogares, para su familia.
A Carstens se le hace bolas el engrudo, intentando no hacer
olas aunque las olas ya vienen haciendo mucho ruido de tumbo a retumbo y pueden
ocasionarle un tsunami al presidente Enrique Peña Nieto cuando haya tomado
posesión de la Silla, el primero de diciembre. Esto apunta el más reciente
embrollón divulgado el viernes por el autodenominado instituto bancario
central: En un número importante de países la inflación se incrementó durante
el tercer trimestre de 2012, en respuesta a aumentos en los precios de la
energía y de algunos alimentos, ha propiciado un alza considerable en la
inflación general en los últimos meses. El tejido económico nacional está
cerrando el sexenio panista prendido con alfileres. Aunque los estrategas
gubernamentales prefieren aparentar calma, no pueden ocultar su dejo pesimista.
La verdad es que nada es miel sobre hojuelas. El comportamiento de las
variables económicas depende de la mala educación de la economía de los Estados
Unidos.
La propuesta no tiene asideros doctrinales que la
justifiquen, toda vez que: a) Lo que hace es trasladar el poder de decisión del
derecho a saber de la periferia al centro, sin garantía alguna; b) Se propone
consolidar la injerencia del presidente de la República a costa de la
influencia de los gobiernos locales. Esa búsqueda de recuperar espacios del
presidente, en este caso, lastima el derecho a saber de los gobernados, y c) La
conformación del “organismo” garante con siete comisionados en lugar de cinco,
como está actualmente conformado, no tiene explicación, justificación o defensa
de idoneidad en la exposición de motivos, aparte de que la cantidad jamás ha
sido sinónimo de calidad.
El órgano como medio autónomo que permita romper
esquemas de visión de impunidad y corrupción ante las cuentas del erario público
en los niveles de gobierno, así permitir el libre concepto de la autonomía de los gobiernos ya sean a nivel estatal, municipal y federal,
con buenas rendiciones de cuentas y transferencias de los ramos 33 y 28, que el
IFAI debe transformarse en un tribunal especializado (como los tribunales
agrarios) que mantenga la bi-instancialidad del recurso de impugnación, para
evitar que la transparencia se convierta en una apariencia.
Los mecanismos de acceso, estabilidad, promoción y sanción
deberían retomarse de los observados por el propio Poder Judicial de la
Federación. O, en todo caso, otórguese esta atribución al PJF con jueces de
derecho, especializados, independientes, que retomen el principio de
amigabilidad del derecho y la moral pública que permita una verdadera
transferencia publica de los recursos
públicos, y que no sean cosméticos sino de fondo en su normatividad que permita
ante la ciudadanía una visión de certeza
y credibilidad jurídica ante las posibles lagunas del poder y intereses de
poder. Sería gravísimo que ese proyecto se apruebe en sus términos porque
antepone la ventaja política sobre las instituciones, el afán de poder de EPN
sobre el derecho a saber que se ha ganado en México con todo y sus
limitaciones.
“VIOLENCIA LEGÍTIMA DEL ESTADO, CON EL LAVADO DE DINERO” El lavado o blanqueo de los muy
cuantiosos recursos que producen prácticamente todas las actividades fuera de
la ley. Apenas desde la semana anterior hay una también cuestionable
legislación –aún no entra en vigor-- con la que Hacienda-SAT- y la PGR, pestañas del Gran Hermano
orwelliano, van a entrometerse todavía más en las vidas personales de los
ciudadanos, pues los grandes “lavadores” siempre encuentran como darle la
vuelta a estos instrumentos jurídicos, no así el ciudadano, el contribuyente
regular.
En Estados Unidos—un ejemplo entre muchos-- donde el banco
Wachovia fue pillado lavando 380 mil millones de dólares que, dijeron, eran de
narcos mexicanos. HSBC también fue encontrada culpable en tribunales del
imperio vecino, de entrarle al lavado de dinero. ¿Qué sucedió? Otra multa y a
encender la Hoover otra vez. Los
ciudadanos como usted y como yo, en cambio, tendremos qué explicar a la
autoridad cualquier movimiento bancario, adquisición de inmuebles o hasta de un
triste reloj, si a juicio de los funcionarios y vendedores resulta
“sospechoso”. Tal y como ya nos lo hacen con los depósitos bancarios en
efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales. Esos grandes lavadores pagan
multas y continúan con sus operaciones como sucedió apenas en Estados Unidos—un
ejemplo entre muchos-- donde el banco Wachovia fue pillado lavando 380 mil
millones de dólares que, dijeron, eran de narcos mexicanos.