AVALANCHA DE DEUDAS EXPRÉS EN ENTIDADES
El adeudo de los 32 estados de la República asciende a más
de 400 mil millones de pesos, lo que equivale al 11 por ciento del presupuesto
de egresos para este año que es de 3.7 billones de pesos
Por Enrique Huerta / Luces del Siglo
Cancún, Qna. Roo., a 5 de noviembre de 2012.- Días antes de
que el Congreso de la Unión aprobara la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, que busca transparentar los recursos manejados por los tres
niveles de gobierno, sobre todo, por el excesivo endeudamiento de estados y
municipios, nueve entidades donde habrá elecciones en 2013 contrataron nuevas
deudas públicas por un monto superior a los 11 mil millones de pesos.
Con esta anticipación, el sobreendeudamiento en estos
estados pretende evadir la nueva disposición que obliga a las autoridades
federales, estatales y municipales a difundir la información financiera de sus
respectivas administraciones, así como de los fondos de aportaciones federales.
La autoridad competente en este caso sería la Contraloría
Federal encargada de supervisar que los recursos se apliquen debidamente y se
termine con la opacidad.
La deuda de los estados y municipios suma más de 400 mil
millones de pesos, según cálculos de legisladores, basados en datos de la
Secretaría de Hacienda federal, lo que equivale al 11 por ciento del
presupuesto de egresos de este año, que es de 3.7 billones de pesos.
Sin embargo, organizaciones civiles estiman la posibilidad
de que la deuda sea más grande de la que oficialmente se reconoce debido a la
falta de transparencia en el manejo de los préstamos, solicitados en su mayoría
a la banca privada.
Además, se han comprobado casos como el ocultamiento de
deuda en el que han incurrido autoridades estatales, como es el caso de Colima,
en el que los temores de los alcaldes se hicieron realidad y descubrieron un
adeudo oculto, como en su momento se hizo con Coahuila.
Partidas secretas
Nadie sabe con certeza en qué se usan los empréstitos
solicitados por gobiernos estatales y municipales porque éstos no han querido
sujetarse a la Ley de Transparencia. Hay una resistencia sistemática de los
funcionarios a rendir cuentas del manejo y destino final de los recursos
públicos.
El ejemplo más claro es el ocurrido en el estado de Coahuila
donde de plano se emplearon documentos apócrifos para contratar deuda pública
con entidades financieras, hechos por los cuales se iniciaron averiguaciones
públicas y se liberaron diversas órdenes de aprehensión contra los presuntos
responsables, entre los cuales figura el propio ex gobernador Humberto Moreira.
La responsabilidad de este enorme boquete financiero se
trasladará a partir del próximo 1 de diciembre al nuevo presidente Enrique Peña
Nieto, en cuyo equipo cercano se ha manejado la posibilidad de crear un
Fobaproa para rescatar a los estados lo que implicaría además castigos
ejemplares contra los responsables, independientemente del partido político al
que pertenezcan,
Las evidencias hasta ahora registradas indican que en los
estados endeudados abundan las irregularidades en los procesos de solicitudes
del crédito. Y como principales responsables, figuran los propios mandatarios
(ya sean gobernadores o presidentes municipales) y sus secretarios de Hacienda.
Tampoco está exenta de culpa la Secretaría de Hacienda federal,
la cual carece de eficiente control sobre este tipo de irregularidades para
garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos que pueden
tener un destino comprometedor del desarrollo de las poblaciones durante las
próximas generaciones.
Tampoco es descabellada la versión de que gran parte de la
deuda que enfrentan los estados de la república sirvió para financiar campañas
políticas, como lo ha venido señalando la organización Claridad y Transparencia
Ciudadana, surgida a partir de la escandalosa deuda de más de 35 mil millones
de pesos del gobierno de Coahuila, a cargo del ex gobernador Humberto Moreira.
Pidieron y les dieron.
Seis gobernadores pidieron a sus respectivos congresos
locales que les permitiera contratar deuda pública y ésta se aprobó.
Una de las entidades a las que sí les fue aprobado un
crédito fue Quintana Roo, en donde el Congreso estatal avaló por mayoría de
votos la solicitud del gobierno de Roberto Borge para abrir un crédito con
Banobras por más de 302 millones de pesos, a pagar en 20 años.
Dichos recursos son para infraestructura educativa, al
mejoramiento de las cárceles de Cancún y Chetumal, y la construcción de un
nuevo rastro en la capital.
Este nuevo empréstito se da a menos de un año de que el
gobierno de Quintana Roo haya reestructurado su deuda, la cual cifras oficiales
la ubican en más de 13 mil 600 millones de pesos, según estimaciones de la
Secretaría de Hacienda federal, aunque Claridad Ciudadana reporta una deuda
oculta superior a los 25 mil millones de pesos.
El estado es uno de los más endeudados del país con más de
13 mil 600 millones de pesos, es decir un aumento del 337 por ciento respecto
del 2011, lo que consideraron como grave los legisladores de oposición, toda
vez que Roberto Borge asume su responsabilidad como mandatario con una deuda de
11 mil millones de pesos y se prevé que ésta pueda incrementar a 16 mil
millones de pesos. Actualmente la deuda estatal representa el 62 por ciento del
presupuesto anual de la entidad, informaron los miembros del Congreso estatal.
Además, los diputados también aprobaron que el Ayuntamiento
de Cozumel contrate uno o varios financiamientos hasta por 130 millones de
pesos, con un plazo de hasta 20 años, que serán utilizados para refinanciar su
deuda a corto plazo.
En Quintana Roo, con destinos turísticos de nivel mundial
como Cancún o Playa del Carmen, se disputarán 25 diputaciones locales y las
presidencias de los 10 ayuntamientos que conforman esta entidad.
En el caso de Chihuahua –donde se disputarán 33 diputaciones
locales y 67 ayuntamientos–, una hora después de que Fitch Ratings México
bajara la calificación de la deuda de ese estado y anticipara que nuevos
pasivos degradarían su economía aún más, el Congreso local aprobó en septiembre
pasado la solicitud del gobierno del priísta César Duarte Jáquez para contraer
un nuevo crédito por mil 775 millones de pesos.
Con el dinero conseguido se pretende construir el edificio
que albergará al Poder Judicial estatal y nuevas inversiones como en obras y
mantenimiento de centros de salud a lo largo del estado, en obras y servicios
públicos en municipios de alta marginación, inversión en el C3 (para la
evaluación de los cuerpos policíacos) y en el Cereso Productivo de Juárez.
El gobernador señaló que la deuda de Chihuahua es
perfectamente manejable y no excede el equivalente al 4 por ciento del PIB
estatal. Unos días antes, el diputado plurinominal del PAN Héctor Ortiz Orpinel
alertó que los pasivos llegan a más de 22 mil millones de pesos.
En Sinaloa, el gobernador Mario López Valdez, “Malova”,
anunció una nueva deuda por 470 millones de pesos, los cuales serán destinados
para un programa denominado Cupón Cero y para mantenimiento de carreteras.
En esta entidad se elegirán a 40 diputados locales y a
presidentes municipales de los 18 ayuntamientos que conforman a Sinaloa.
En Puebla, donde en 2003 se habrá de elegir a los 41
diputados locales y los 217 presientes municipales, el Congreso estatal aprobó
por unanimidad una línea de crédito de 7 mil 250 millones de pesos solicitada
por el gobernador Rafael Moreno Valle.
Hasta entonces, la deuda que arrastraba ese estado era de 13
mil millones de pesos. Para justificarse, el panista aseguró que no endeudará
al estado más de lo que hizo su antecesor, el priísta Mario Marín.
Otro caso es Aguascalientes, donde se elegirán a 27
diputados locales y a 11 ediles. En mayo pasado el gobierno solicitó al
Congreso local una contratación de deuda con Banobras por 255 millones, la cual
quedaría dentro del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y
Seguridad de los Estados (Profise).
Bajo este esquema, la entidad se obliga a cubrir durante los
próximos 20 años el interés que genere ese crédito. Además de que se dejó
abierta la posibilidad de una petición más de contratar adicionalmente deuda
por 800 millones, sea con el mismo Banobras o con alguna institución privada.
Por si esto fuera poco, el gobierno encabezado por el
priísta Carlos Lozano de la Torre buscó un empréstito para poder cumplir con la
instalación de la segunda Planta Nissan en el estado, para lo cual se calcula
una inversión de mil 700 millones de pesos cuyo costo que acumulará al ya de
por sí deteriorado bolsillo popular.
En Hidalgo, el Congreso del estado autorizó un crédito de
mil 57 millones de pesos que fueron empleados para la reconstrucción de
infraestructura dañada por el paso del huracán “Arlene” a finales de junio de
2011.
También los municipios
En sólo dos estados con actividad electoral local no fueron
los mandatarios quienes solicitaron préstamos, sino los presidentes
municipales.
En Veracruz, donde se escogerá a 50 diputados locales y
ediles de 212 ayuntamientos, el gobernador tricolor, Javier Duarte de Ochoa,
negó que su gobierno haya efectuado la solicitud de un nuevo crédito y recordó
que son 30 mil millones de pesos el pasivo que arrastra la entidad, la cual ya
se reestructuró por medio de una busatilización.
Sin embargo, 12 de los 212 municipios –equivalentes al 10
por ciento de los ayuntamientos– ya han solicitado al Congreso del Estado
autorización para contratar créditos o recibir anticipo de participaciones
federales, muchos argumentando que era para saldar los pagos de aguinaldos y
salarios.
El diputado local Óscar Agustín Lara declaró que "ya no
se puede endeudarles más para gasto corriente, porque si no pueden enfrentar
éstos se debe únicamente a su falta de previsión". Además, advirtió que la
contratación de deuda sólo debería autorizárseles en caso de la realización de
obra pública.
En Tlaxcala, este año 21 de los 60 municipios contrajeron
deuda pública por 81 millones 425 mil 587 pesos para realizar acciones de
urbanización y construcción de infraestructura básica de salud y educativa.
Estos recursos deberán ser liquidados un mes antes de que concluya la presente
administración municipal, pues los créditos no deben ser heredados.
En ese estado, donde se buscará elegir a 32 diputados
locales y a los 60 presidentes municipales, un municipio se puede endeudar
financieramente hasta un 15 por ciento y a nivel estatal hasta un 20 por ciento.
Los que no pidieron. De los 13 estados que tendrán
elecciones locales el siguiente año, solamente cuatro no solicitaron créditos:
Oaxaca, Zacatecas, Baja California y Durango.
El caso de Tamaulipas, donde la población irá a las urnas
para elegir a 36 diputados y 43 ediles, la Comisión de Finanzas, Planeación,
Presupuesto y Deuda Pública del Congreso del Estado desechó la solicitud que
hicieran 18 municipios para aumentar sus Tablas de Valores Catastrales hasta en
un 25 por ciento, al considerar que no había motivos para ello.
En Coahuila –uno de los estados más endeudados y donde se
elegirán a 38 ediles–, el gobernador priísta Rubén Moreira solicitó un crédito
de 950 millones de pesos para amortiguar la deuda de más de 35 mil millones que
le heredó su hermano Humberto Moreira.
Ante lo escandaloso de esta deuda y lo delicado de la nueva
contratación, la Cámara de Senadores exhortó al mandatario que antes de
solicitar un crédito, mejor debería transparentar toda la información referente
a la deuda actual de la entidad.
NOTA COMPLEMENTARIA
Puntos que estipula la Ley General de Contabilidad
Gubernamental
* Que los niveles federal, estatal y municipal difundan la
información financiera de sus administraciones
* Dar a conocer sobre la utilización de los fondos de
aportaciones federales en rubros como la educación, seguridad pública, salud,
etc.
*Se prevén penas de entre dos y siete años de prisión para
los servidores públicos de los tres órganos de gobierno queomitan, alteren u
oculten dolosamente esa información y provoquen algún daño patrimonial al
erario.
* Se plantea es brindar asesoría técnica y apoyos
financieros a las autoridades de las poblaciones con menos de 25 mil
habitantes, a fin de auxiliarlos en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones.
* El Consejo Nacional de Armonización Contable expedirá a
más tardar el último día hábil de 2013 las normas y formatos para el
cumplimiento de la ley, para que las entidades públicas presenten
progresivamente su información financiera a más tardar en 2014.
APUNTE
A pesar de lo que diga el presidente Felipe Calderón, el
nivel federal tampoco es un ejemplo de buen manejo de la deuda, pues éste ha
incrementado sus pasivos en este sexenio hasta 36.9 por ciento del PIB.
Fobaproa para la deuda estatal
El legislador perredista Raúl Morón pidió al pleno del
Senado que solicite al gobierno federal absorber el total de la deuda pública
de todos los estados, además de que exigió castigo a todos los gobernadores y
funcionarios estatales y municipales que se enriquecieron con estas deudas.
Desde la tribuna del Senado, el perredista argumentó que la
Federación debe absorber estas deudas, que agobian las finanzas estatales y
municipales, porque fueron adquiridas ante la escasez de recursos federales y
el retraso con el cual fueron entregados, principalmente en este sexenio.
Según expertos en temas económicos, esta propuesta es
injusta, porque se generaliza la deuda y, entidades que no tienen altos niveles
de pasivos, terminarán pagando parte de aquellos que sí adquirieron los
préstamos.