- Ciudadanos mexiquenses, con derecho a participar en los asuntos políticos del Estado de México.
Toluca, Estado de México.- Con el
fin de crear el juicio ciudadano local, que defienda la vigencia efectiva de
derechos como restablecer prerrogativas ciudadanas frente a violaciones al
derecho de votar y ser votado, el Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, Ulises Ramírez Núñez, presentó la iniciativa de
decreto que reforma y adiciona diversos dispositivos del Código Electoral del
Estado de México.
Al hacer uso de la palabra, a nombre del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, el líder de los diputados albiazules, abundó que
con las modificaciones se busca defender, frente a transgresiones al derecho de
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos de la Entidad; ante afectaciones al derecho de afiliarse
libre e individualmente a los partidos políticos; así como ante violaciones al
derecho para integrar las autoridades electorales, a través de un sistema de
tutela jurisdiccional efectiva que materializará el Tribunal Electoral del
Estado de México.
Adicionalmente, el diputado Ulises Ramírez, resaltó que la
reforma tiene por objeto: “defender de forma eficaz los derechos
político-electorales del ciudadano en el ámbito de competencia local;
contribuir con el federalismo jurídico-electoral; y robustecer al Tribunal
Electoral del Estado de México”.
Recordó que no fue sino hasta 1996 que se dejaron atrás cien
años de vacío de la tutela jurisdiccional de los derechos políticos, cuando se
creó el juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano que protege desde ese entonces, el derecho de votar, a ser votado y
de asociación política.
Finalmente, indicó que derivado de las interpretaciones
recientes hechas al Pacto Político por los Tribunales Federales, se concluye
que de conformidad con los artículos 41, Base 1, y 116, fracción IV, de la
Constitución Federal, esta Soberanía no solo está facultada a legislar en
materia del juicio ciudadano local, sino obligada a proteger mediante dicho
juicio los derechos político-electorales.