Contracolumna

Diputados, complicidad e impunidad con Félix González Canto

Por José Martínez M.

México, D. F., a 3 de abril de 2012.- La forma de hacer política en Quintana Roo no tiene desperdicio: es una farsa. Reinan sobre la clase política la falsedad, la impostura y la simulación. ¿Le dice eso algo nuevo a los electores que están convocados a las urnas el próximo 1 de julio?

En el centro de esta farsa está el ex gobernador Félix González Canto, quien anda en campaña en busca de la prolongación temporal de la impunidad para eludir a la justicia –claro, con la complicidad de los diputados del Congreso– pero como ocurre con cualquier delincuente, tarde o temprano deberá responder por sus actos corruptos y criminales. Lo mismo creyó Mario Villanueva que se sentía intocable y véanlo ahora al pobre pudrirse tras las rejas. No hay crimen perfecto, eso se le debe grabar bien el ex gobernador González Canto quien se pavonea por todos lados sin que le inmute cargar sobre la frente el sello de la corrupción y de la impunidad.

¿Sabrán los diputados de Quintana Roo el significado de la justicia y la igualdad? Supongo que no porque están acostumbrados a la arbitrariedad, al autoritarismo –de los que ellos son cómplices–. Son los diputados quienes tienen en sus manos la decisión de corregir las desviaciones y los abusos del poder. Pero en aras de la división de poderes, los diputados sólo se muestran sumisos a la voluntad del Ejecutivo en turno, no a la Constitución. ¿Es ético y justo el papel de los diputados? ¿Acaso no juraron cuando tomaron posesión que el pueblo les demande justicia al hacer que cumplan con sus encargos?

Todo mundo sabe la falta de probidad del ex gobernador Félix González Canto. Nadie duda de su inconmensurable riqueza, de su nepotismo y las corruptelas en las que incurrió. ¿No es causa suficiente para que un ex gobernante o servidor público, a reserva de la obligada llamada a rendir cuentas ante una autoridad, deba ser investigado y, en consecuencia, de ser responsable inhabilitarlo? Los diputados de Quintana Roo deben dar cuenta de su conducta, no pueden fingir indiferencia ante la desorbitante deuda en que dejó al estado el ex gobernador.

Es inaplazable la decisión de acabar con la impunidad de los gobernantes. De ahí el reclamo ciudadano a la credibilidad de sus autoridades y de la confianza en sus instituciones. En Quintana Roo es común que ocurra todo lo contrario. Juan Orol, el maestro del humor involuntario, se daría una agasajada con la clase política corrupta del Caribe. “La política –decía Groucho Marx– es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Eso es lo que ocurre un día sí y otro también con los diputados.

En Quintana Roo, el ex gobernador González Canto es quien detenta el verdadero poder. Él es la brisa, y su dirección, el barlovento, el sotavento y la tormenta, él sigue siendo responsable de la travesía y el responsable inequívoco del naufragio. Pero no siente culpa alguna por la desgracia que vive el estado y aún se atreve a seguir en una campaña en busca de impunidad. Sabiéndose culpable, se da un baño de ducha escocesa y se sienta a contemplar su obra fruto de sus inversiones, como otros muchos que han saqueado al erario y al estado, ni a quién echarle la culpa si todos se sienten inocentes y además cuentan con una prensa servil pro defensa de los gobernantes. Una clase política que extorsiona al elector y maltrata al ciudadano.

Los políticos de Quintana Roo –como en muchas partes del país– disimulan, fingen mucho, se hacen pasar por lo que no son, esconden sus cartas, a menudo son hipócritas y taimados y enseñan una sola cara, pero resulta que son unos falsos, impostores. Lo sé porque así se me mostró el ex gobernador Félix González Canto cuando me solicitó una cita para suplicarme que hiciera una tregua porque su carrera estaba en peligro y él quería ser un interlocutor ante el gobierno, estaba a punto de mandarlo mucho a la (… ) pero me dio lástima, hoy he confirmado que él es un ejemplo de la degradación de nuestra clase política, un político que no parece tener límites en sus ambiciones personales. Quise verle el lado bueno, así no podría llamarme al engaño. Pude comprobar que no es un político natural ni espontáneo, es totalmente artificial e impostado.

Félix González Canto no es confiable, no es una persona con la que se pueda dialogar o debatir, un periodista no sabría a qué atenerse, ni si estaría prevenido contra quien es una persona o un político despreciable, farsante y traicionero. En una democracia formal, un ciudadano informado nunca votaría por una persona como Félix González Canto después de una primera experiencia como elector. Es entendible el por qué lo defienden sus “columnistas” y editores patanescos, quienes se rasgan las vestiduras por sus “jefes” políticos a quienes lamen las suelas de los zapatos y quienes aún se atreven a mostrarse arrogantes.

Por desgracia, salvo sus excepciones, la clase política de Quintana Roo ha sido una mafia hermética que vislumbra su podredumbre tras un cristal empañado. Ahí está “Greg”, Gregorio Sánchez Martínez que terminó pactando con Félix González Canto –¿a cambio de qué?– para retirarse de la contienda electoral. Huecas y sin sentido, las palabras de “renuncia” de “Greg” a un escaño en el Senado de la República. Bien lo decía el general Álvaro Obregón: “no hay político de oposición que resista un cañonazo de 150 millones de pesos a cambio de ‘declinar’”. El negocio de uno mismo

“Greg” terminó en medio de un cochinero. Un “Greg” pusilánime que habla cabizbajo como quien intenta convencerse. Supongo que no todos los políticos van a terminar como “Greg”, tal vez haya alguno con un poco de dignidad. El desencanto hacia la política tiene una explicación: corrupción, por eso los ciudadanos informados, en especial los jóvenes irreverentes, los políticamente incorrectos se deslizan hacia la zafiedad de espíritu, pues en Quintana Roo, reina entre la clase política la inmoralidad del todo se vale.

¿Qué hacen los jóvenes electores sin contrapunto, sin foros inteligentes, sin una prensa crítica? El elector trató de encontrar una explicación a lo que ocurre en Quintana Roo y en buena parte del país, trata de defender con su voto su integridad de las zarpas del poderoso en turno, pero amanece traicionado por este tipo de políticos que merecen un monumento a la impunidad, de los que actúan bajo el principio acuñado por Félix González Canto, “el que no tranza, no avanza”. Félix y “Greg” no pactaron, tranzaron.

Alguien tiene que levantar la cabeza, hoy sólo el desaliento puede impedir la participación de los electores, la de los jóvenes y las mujeres, las verdaderas víctimas de la inmoralidad del poder y del dinero. El panorama es pesimista y sombrío. ¿A quién representa Félix González Canto? ¿A quiénes representan los miembros del Congreso?

En Quintana Roo, el nivel de corrupción es desconocido, pero es cierto que supera con creces el de los casos registrados, y el de los delitos cometidos como parte de los abusos del poder. Lo cierto es que los niveles de impunidad son infinitamente mayores de los que son castigados. Todo ello se debe a las complicidades del poder y de los medios en contra de lo esperado y de lo que debería suceder. Mientras la justicia parece cada vez más impotente, o más indolente, o más corrupta o connivente, los medios son más cobardes, más manipulables, más susceptibles a la tergiversación y a la perversión.

Quintana Roo es la segunda entidad del país más endeudada, un equivalente a 2 mil millones de dólares fueron dilapidados en el gobierno –si se le puede llamar así a la gestión de Félix González Canto– y la prensa no dice nada, a los diputados les comieron la lengua, la pobreza es más que evidente en la Zona Maya, que sobrevive a una ruina ancestral, pero las triquiñuelas del ex gobernador y sus antecesores para burlar a la justicia se multiplican ante un Congreso cómplice, estos políticos celebran como un triunfo su impunidad y la exoneración del delito que se les señala haya prescrito, siempre conveniente o incluso calculadamente, cuando una prescripción en modo alguno equivale a una absolución, sino a una declaración de culpabilidad que sin embargo no se puede materializar.

A estas alturas, Félix González Canto debería estar inhabilitado por los delitos de nepotismo en los que incurrió. Bastaría con hacer un arqueo a su declaración patrimonial. Por un motivo o por otro se ha salido con la suya, se ha librado de todo castigo, incluso de toda amonestación y vergüenza.

En Quintana Roo es latente la sensación de que la impunidad domina y cada vez se va convirtiendo en una especie de salud pública, la gente comienza a tener una mayor tolerancia hacia ella, todo ello a partir de que a los individuos particulares no les compete intervenir ni poner remedio, cuando ni siquiera lo hacen los diputados que tienen la obligación de legislar para castigar a los delincuentes de cuello blanco o comunes y corrientes, cuando ni siquiera tampoco hacen algo los jueces, y a considerar que dejar pasar un delito más del que tengan conocimiento o hayan sido objeto, un crimen aislado de la sociedad civil, no tiene mayor importancia ni cambia nada en esencia, ante la superabundancia de los crímenes de la delincuencia organizada o no organizada, de los delitos económicos y políticos, que quedan y quedarán siempre impunes.

Quintana Roo, como muchas partes del país, atraviesa por una de las más grandes desmoralizaciones de nuestro tiempo. ¿Qué hacer ante la impunidad? ¿Qué hacer ante personajes como Félix González Canto que sin rubor anda en busca del voto aún a sabiendas de sus corruptelas? ¿De qué sirven las leyes y los códigos de ética que rigen la actuación de los servidores públicos de la entidad?

Durante su gestión como gobernador, Félix González Canto actuó de manera poética cuando se atrevió a emitir un acuerdo que establecía el Código de Ética de los Servidores Públicos para sancionar a quienes incurrieran en conductas inapropiadas. El mamotreto apelaba a las facultades y obligaciones que le confería la Constitución del estado y a los fundamentos de la Ley Orgánica de la administración pública.

Entre los considerandos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, se establecía que “la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, dispone en su artículo 47 las obligaciones a que debe someterse todo servidor público en el ejercicio de sus funciones y que constituyen la base de los principios éticos con que deben conducirse.

“Que el Código de Ética se propone como un documento de observancia obligatoria para todos los servidores públicos que conforman la Administración Pública Estatal, que establezca un conjunto de valores éticos sobre los que se construya un Gobierno Eficiente y con una sólida cultura de servicio promoviendo la transparencia de sus dependencias y entidades en su ejercicio.

“Que el Código de Ética no pretende suplantar leyes o reglamentos existentes, sino complementarlos y fortalecerlos, definiendo los principios éticos que deben guiar la actuación de los servidores públicos de la administración pública estatal en el cumplimiento de sus obligaciones, funciones y tareas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, estableciendo una norma de conducta que refleje el compromiso que esta Administración Pública Estatal, día con día, adopta para garantizar el respeto de nuestras leyes y honrar la confianza de los ciudadanos que han depositado en nosotros para realizar las tareas que como servidores públicos…” y bla bla bla…

Así, el “Código Félix” hablaba de términos como responsabilidad, honestidad, legalidad, compromiso por el bien común, solidaridad, cultura de la legalidad, imparcialidad, confidencialidad, unidad, equidad, respeto, lealtad, institucionalidad, vocación de servicio, eficacia y eficiencia y liderazgo. Entre otros puntos de dicho mamotreto se exaltaba el apartado de “Transparencia” en el que se planteaba lo siguiente:

“Garantizar el acceso de toda persona a la información pública que generen, recopilen, mantengan, procesen, administren o se encuentre en posesión de las dependencias y entidades.

“El Servidor Público debe garantizar que la sociedad esté informada sobre el desempeño de sus facultades y el manejo adecuado de los bienes y recursos de la institución a fin de que su gestión permita una rendición de cuentas constante, permitiendo el libre acceso a la información pública gubernamental sin más límites que las que la propia ley imponga”.

Y una perla que no podía faltar: “Honradez”, cuyo principio se sustentaba en lo siguiente: “El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal a través de terceros.

“El Servidor Público como única recompensa que debe esperar es la satisfacción del deber cumplido y la retribución salarial respectiva. Cada Servidor Público, sin importar su nivel o condición contractual, debe asumir en los hechos un comportamiento íntegro e intachable.

“Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor público”. Todo resultó una farsa.

El propio gobernador Félix González Canto fue el primero en violar el “Código de los servidores públicos”. Y aún peor, incurrió en mayores delitos como nepotismo y corrupción, enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado al otorgarle concesiones a capos del narcotráfico, como ocurrió con el falso empresario de la construcción, Luis Carlos Carrillo Cano, que resultó un pájaro de cuenta y a quien se le había otorgado la concesión para la ampliación del penal de Cancún.

El ex gobernador debe ser llamado a rendir cuentas. Es inconcebible que su partido –el PRI– lo encubra y que el Congreso del estado sea cómplice de sus fechorías. Aún falta por escudriñar la ley que rige la actuación de los servidores públicos, a la que de acuerdo Félix González Canto debería ser inhabilitado hasta por 20 años para ejercer cualquier cargo público y de representación popular, amén de ser acreedor a sanciones de carácter penal.