El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Humberto Benítez Treviño denunció que “el arraigo se ha convertido en un instrumento del Ministerio Público, que en ocasiones ha tenido implicaciones políticas”.
Ha servido, dijo, para denigrar, al igual que los testigos protegidos: “que dicen, que dijeron que habían dicho…” a una persona inocente, cuando debe prevalecer un principio constitucional de que todos somos inocentes, hasta que no se nos pruebe lo contrario.
A unas horas de que presente al Pleno legislativo en nombre del Grupo Parlamentario del PRI una iniciativa para regular el arraigo con el fin de que deje de ser una medida anticonstitucional, violatoria del principio de presunción de inocencia y de garantías procesales y constitucionales.
De acuerdo con Benítez Treviño, la Comisión de Justicia esta regulando tiempos y condiciones, y trasladando todos los artículos del Código Penal Federal a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada “para que esta sea la única que contemple los procedimientos, requisitos, causas y condiciones de los arraigos”.
Estamos exigiendo condiciones reales, veraces al Ministerio Público, porque uno de los problemas que tenemos es que el arraigo puede durar 40 días y dice la Constitución: cuando a juicio del Ministerio Público o para el éxito de la investigación sea necesario, se duplicará hasta a 80 días, pero si no se prueba nada en 80 días, “esto es ya una condena”.
Por otra parte, Benítez Treviño se refirió al endurecimiento de penas por acoso y hostigamiento sexual (hasta tres años de prisión y 240 días de salario mínimo de multa) y luego hizo una distinción: “en el hostigamiento sexual hay una relación jerárquica entre el actor y la victima. En el acoso sexual es una relación horizontal que se puede dar entre compañeros”.
De acuerdo con datos de la ONU, en México, durante el 2008 hubo 25 mil casos de acoso sexual y solamente se denunciaron 7800.
Esto es un grave problema de impunidad, por falta de una sanción energica, eficiente y pronta, acotó.
El legislador mexiquense aseguró que la tarea de la Comisión de Justicia que preside, es modernizar y actualizar el marco jurídico del sistema de justicia penal “que en este país, esta resquebrajado y rebasado por la realidad”.
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