Una compra ficticia de la que se salvó por prescripción,
cercanía con Succar Kuri y un poco más en la carrera de vida de la candidata
del PRI a la diputación por el distrito III en Quintana Roo
Por: Hugo David Pérez / Luces del Siglo
Cancún, Qna. Roo.- En plena campaña electoral, la priísta
Laura Fernández anunció que ya electa el próximo 1 de julio como diputada
federal, pedirá la presidencia de la Comisión de Turismo “para garantizar mayor
bienestar para los trabajadores y sus familias”. Lo que pocos recuerdan es que
la ex diputada local ya tuvo la oportunidad de servir en el área turística
cuando fue, precisamente, directora de Turismo y Relaciones Públicas en el gobierno
de Magaly Achach de Ayuso en 2001.
Fue durante esos años cuando en la Contraloría municipal se
le siguió un abultado expediente por la irregular compra que ascendía a 125 mil
400 pesos de 500 libros que nunca aparecieron y que a pesar de haber sido declarada
como responsable, fue rescatada por el poder gubernamental. La idea de la
priísta no era la promoción de la lectura, sino mostrar Cancún a los visitantes
distinguidos, aunque los libros nunca fueron vistos después de años de
investigación.
El expediente tuvo su curso durante el gobierno de Juan
Ignacio García Zalvidea (2002-2005), que llegó a la alcaldía por el Partido
Verde Ecologista de México (aunque después iría preso y ahora forma parte de la
porra oficial de Félix González Canto y de la misma Laura Fernández).
Según consta en documentos oficiales del municipio de Benito
Juárez (expediente 04/2003), mediante la póliza de cheque 5663, a nombre de
José Alfredo González Díaz, fueron destinados 125 mil 400 pesos para la compra
de libros Cancún Life, el 16 de febrero 2001, mediante la factura 134 A; esto,
con pago de IVA de manera indebida, de acuerdo a la documentación de
Contraloría, dado que sumaron 11 mil 400 pesos por ese concepto cuando la ley
lo exenta, según el artículo 9 F-III de la LIVA.
Entre las groseras irregularidades detectadas por la
Contraloría, advierte la autoridad que la orden de compra es de fecha 7 de
febrero de 2001, posterior a la fecha de elaboración de la factura, una de las
pistas más firmes que levantaron las sospechas.
Para realizar la operación, el trámite ni siquiera pasó por
cotización en la Dirección de Recursos Materiales, como lo establece la ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionadas con Bienes
Muebles del Estado; que menciona en el artículo 35 que las compras mayores de
49 mil 500 pesos deben ser autorizadas por dicho Comité de Compras. Además, el
mayor de los agravantes es que la mercancía nunca ingresó al almacén municipal.
Nadie la vio.
De acuerdo al documento, fue la misma directora de Turismo y
Relaciones Públicas, Laura Fernández de Gordoa la que tendría que haber
recibido la mercancía, en este caso los 500 libros. Quizás nunca imaginaron
desde el PRI que perderían las elecciones contra el pequeño partido del tucán.
Ya en el campo de la investigación, los trabajadores del
Ayuntamiento contactaron a la editorial Viva S.A. de C.V., y se entrevistaron
con Rosa María Calcáneo, quien expresó: “La revista no cuenta con distribuidor
alguno”. Y detalló que el Ayuntamiento de Benito Juárez nunca solicitó más de
25 ejemplares. Es que en realidad, la compra se hizo a través de la
comercializadora GoMa de Alfredo González Díaz, y a un precio 150.8 por ciento
más caro que el que reportaba la editorial, de 10 dólares por ejemplar, contra
los 228 que pagó el Ayuntamiento a GoMa.
La investigación se dirigió al banco Bital que expidió el
cheque y después a Mérida, donde se entrevistaron con el mismo González Díaz
(quien supuestamente habría facturado), pero el propietario manifestó que nunca
expidió la factura 134 A y negó todas las firmas y haber recibido el cheque en
cuestión. La factura lleva la firma de Laura Fernández de Gordoa, con un
detalle que dice: “Presentes a visitantes distinguidos y promoción del destino
turístico Cancún con operadores turísticos”.
La documentación que aportó el banco Bital condujo a quien
cobró el cheque: Francisco Cruz Echeverría, quien trabajaba en ese entonces en
la Dirección de Fiscalización, en el área de inspección fiscal. La conclusión
del expediente hasta ese entonces es contundente: la compra es ficticia.
El 18 de febrero de 2003 la Contraloría municipal le informa
a la actual candidata a una diputación que se le iniciaba un proceso por esta
compra irregular. Y tanto Francisco Cruz Echeverría como Laura Fernández fueron
citados. Pero sólo el primero dio la cara. “A mí me mandaron a cobrar un cheque
sin saber de qué se trataba”, dijo en su alegato Cruz Echeverría. “Lo que me
acuerdo de este cheque es que salió de tesorería del Ayuntamiento”, dejó por
sentado, y agregó que no sólo él, sino sus compañeros eran mandados a depositar
y cobrar cheques y otro tipo de diligencias.
La cita para Laura Fernández era el día 28 de febrero de
2003. En su representación fue Karina Noemí Carrillo Martínez, quien dijo: “no
es voluntad de mi representada aceptar la invitación a comparecer, toda vez que
el documento enviado a la misma no puede ser considerado de ninguna forma como
un citatorio, puesto que mi mandante jamás ha recibido la notificación del supuesto
procedimiento, por carecer de fundamentación legal alguna”.
En el segundo punto que quedó asentado en el despacho
jurídico Carrillo Martínez, refiere: “mi mandante desconoce (los hechos
imputados) por no habérselos hecho saber esa autoridad previamente… la suscrita
considera pertinente desde este momento oponerles la excepción de Prescripción
de la Acción previsto por la fracción I, del artículo 74 de la ley, en virtud
de que ha transcurrido en exceso el término. El simple hecho de que, al no
haber señalado esa autoridad a mi representada que su supuesta responsabilidad
deriva de un beneficio económico, por ende se infiere que el mismo ni fue
estimable en dinero”.
Durante la audiencia pública del 8 de abril de 2003, en las
oficinas de la Contraloría, ante el titular de la dirección jurídica, César
Eslava Melo, declaró la testigo Lizbeth Eloísa Rubio, ex secretaria del
tesorero: “respecto a la factura, quiero decir que para que haya salido para su
cobro debió estar firmada por el director responsable que en todo caso fue la
licenciada Laura Fernández de Gordoa, el director de recursos materiales, el
oficial mayor para que pueda entrar el cheque para la firma de presidencia…el
dinero obligatoriamente se le debió de haber entregado a la señora Laura”.
En septiembre de 2003, el contralor Rafael Pliego Cepeda,
hace constar las irregularidades encontradas en el expediente contra Laura
Fernández y Francisco Echeverría por “falta de firmas diversas”. Sin embargo,
el 21 de marzo de 2004 gira un nuevo citatorio a Laura Fernández para que
comparezca, como lo establece la Ley, ya imputada en la compra de 500 libros
Cancún Life, el día 16 de febrero de 2001. La cita es fijada para el 12 de
abril de 2004, bajo el acuerdo de la Contraloría de 24 de marzo, posteriormente,
el entonces contralor, Pliego Cepeda, gira un nuevo citatorio para el 6 de
mayo, a las 10 horas.
Con el ingreso de Francisco Alor Quezada al gobierno
municipal en abril de 2005, el panorama cambia. Toma la contraloría Alonso de
Jesús Alonso Rodríguez, quien en agosto toma una resolución absolutoria tanto
de Cruz Echeverría como de Laura Fernández. Esto, a pesar de que el documento
detalla que existe la factura por los 125 mil 400 pesos, que se pagó
indebidamente el IVA, que no existen antecedentes de que dichos libros hayan
entrado al almacén municipal, que esta compra fue supuestamente recibida por
Laura Fernández de Gordoa; y aún cuando el pago se hizo efectivo (según consta
en el resumen bancario), y la factura cuenta con las firmas de Magaly Achach de
Ayuso, entonces alcaldesa, la oficial mayor Candelaria Quintal González, y
Laura Fernández de Gordoa.
El flamante contralor advierte que existen inconsistencias
en la integración del expediente: “no contiene el acuerdo mediante el cual se
dio inicio al procedimiento administrativo… no se cumplió con la obligación de
hacer la investigación correspondiente y en su caso dar inicio al procedimiento
administrativo en términos de la Ley de la Materia.” Argumentó que la
representante legal de Fernández de Gordoa hizo valer la excepción de
prescripción de la acción (de tres años), por lo tanto resolvió que la denuncia
prescribió, motivo por el cual no dio lugar a fincarle responsabilidades por
los actos señalados.
El caso de los 500 libros nunca leídos, nunca vistos, quedó
así cerrado.
VINCULAN A LOS GORDOA CON CASO SUCCAR KURI
Los Fernández Gordoa (Laura y su ex esposo Carlos) no han
estado ajenos a los escándalos. En la edición del 9 de marzo de 2008, el
periódico La Jornada publicó un reportaje bajo el título: “Ligan a esposo de
diputada con el caso Succar Kuri.“
En una nota del corresponsal Mauricio Conde se decía que
cinco años después de que estallara el escándalo de Jean Succar Kuri, acusado
de pornografía infantil, se descubrió que Gordoa Publicidad, empresa dedicada
al manejo de imagen y propaganda que más utiliza el PRI en la entidad,
propiedad del esposo de la entonces diputada local electa por ese partido,
Laura Fernández, tenía el mismo domicilio que las oficinas administrativas del
empresario libanés y también de la principal acusadora del supuesto pederasta,
Edith Encalada Cetina.
Según la información, en el número 34 de la calle Pecarí,
supermanzana 20, manzana cuatro, Gordoa atendía servicios de planeación,
contratación de medios, monitoreo de campañas publicitarias y comerciales de
televisión. Así lo daba a conocer la guía telefónica local de 2002, página 553,
de la Sección Amarilla de Cancún.
Al revelarse el video en que Succar confiesa sus
perversiones sexuales, el Ministerio Público sospechó sobre la autoría del
audiovisual a Gordoa Publicidad, procedió a verificar sus propiedades y
confirmó que sus oficinas estaban justamente en la casa de Pecarí 34.
En la investigación se revela que todo quedó registrado en
el oficio 330/2003 de la coordinación de planeación, desarrollo e innovación
institucional de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales,
Departamento de Fotografía, por Alejandro Trejo Flores, quien realizó la
“fijación fotográfica” del inmueble de acuerdo con la averiguación previa
PGR/447/2203-IV.
“Destaca que en reiteradas ocasiones –sigue la nota– el
Ministerio Público exigió la verificación del inmueble, en las fechas en que
Carlos Gordoa tenía allí sus oficinas, pero los agentes cayeron en omisiones,
pues permitieron que Gordoa Publicidad cambiara de manera urgente sus equipos,
pero quedó activa la línea telefónica, el número 887-99-74, a nombre de Carlos
Francisco Gordoa Palma y Meza”, concluye el reportaje./
SANCIONA IFE ESPECTACULARES DE LAURA FERNÁNDEZ
El pasado 24 abril el Consejo Distrital del Instituto
Federal Electoral (IFE) ordenó a la candidata a la diputación por el distrito
III, Laura Fernández Piña, retirar en el término de 24 horas la propaganda
ubicada en el estadio Andrés Quintana Roo, dado que viola la normatividad
electoral. Además, en plena campaña, la candidata obtuvo una amonestación pública
que seguramente le resta puntos frente a Marybel Villegas, la candidata de PAN,
que cuenta con apoyo en las colonias.
La noticia sobre el revés a Laura generó satisfacción oculta
en las propias filas del priísmo, donde la ex diputada tiene a su principal
enemigo: la estructura. Muchos no le perdonan sus desavenencias con Víctor
Viveros Salazar, dos veces candidato a la presidencia municipal, quien en la
última elección perdió contra Gregorio Sánchez Martínez.
Tampoco que durante el proceso electoral de 2010 se haya
aliado al perredista Julián Ricalde Magaña para operar en contra de la
candidata priísta a la presidencia municipal de Benito Juárez, la profesora
Guadalupe Novelo, en venganza por dejar fuera de la contienda a la propia Laura
Fernández. Ahora, la candidata deambula pidiendo el apoyo de sus
correligionarios y muchos simulan dárselo. “Le decimos que sí, pero votaremos
en contra”, dicen con sorna.
“Por favor, échenle la mano a Laura”, repite Félix González
Canto en las colonias donde habla con las lideresas que, al escuchar el nombre,
dan vuelta la cara. No menor es la reacción cuando el ex gobernador lo hace con
estratos sociales más acomodados, en los que no le perdonan a Laura el haber
sido quien presentó y logró que se aprobara la ley que penaliza el aborto en
Quintana Roo.
Apenas arrancó la campaña, los panistas detectaron que la ex
diputada mandó colocar espectaculares en estructuras del estadio Andrés
Quintana Roo, que se ubica en la avenida Kabah y avenida la Luna; y al ser el
inmueble un bien público (según demostraron los terrenos son de Ayuntamiento de
Benito Juárez), la propaganda viola la normatividad.
Precisamente, el artículo 235 párrafo 1 del Código Federal
Electoral establece que en las oficinas, edificios y locales ocupados por la
administración y de los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse
propaganda electoral de ningún tipo.
En respuesta, el representante del PRI (Laura no se presentó
a la audiencia) llevó un contrato celebrado con Carlos Francisco Gordoa Palma y
Meza, para la prestación de espacios publicitarios entre espectaculares en el
espacio, ubicado en la avenida Kabah entre avenida Mayapan y avenida la Luna;
la documentación consiste en un contrato de publicidad entre Valla Soccer de
México S.A. de C.V. para la prestación de espacios publicitarios y
espectaculares, en el espacio ubicado en la avenida Kabah, entre avenida la
Luna y avenida Mayapan. Pero el argumento no prosperó y el fallo le fue
adverso.
Lo que quedó como un hecho firme es que el estadio Andrés
Quintana Roo seguirá siendo considerado un bien público, según se comprueba con
la copia certificada del Contrato de Donación de fecha 28 de noviembre del
2000, inscrito ante el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el
Estado de el día 23 de febrero del 2001 (folio 151116)./
OSCURO PASO POR LA LEGISLATURA
Como presidenta de la Comisión de Hacienda en la pasada
Legislatura, Laura Fernández fue una de las piezas fundamentales del engranaje
que abrió el camino a la colosal deuda que arrastra Quintana Roo. Así lo ha
señalado en diferentes oportunidades el diputado Baltazar Tuyub Castillo, quien
sostiene que la ahora candidata a una diputación federal tendrá una
responsabilidad histórica, dado que se comprometieron recursos públicos hasta
por los próximos 25 años.
Son oficialmente 13 mil millones de pesos los que adeuda
Quintana Roo en créditos bancarios y la bursatilización de la deuda, a los que
sumarían otros no menos de 10 mil millones que son deuda “oculta”, como reveló
la asociación civil Claridad y Participación Ciudadana.
Como presidenta de la comisión, su aval fue fundamental para
llevar el proyecto de empréstitos al pleno y de ahí aprobarse, sin ninguna
oposición.
En su paso por el Congreso del Estado también se le recuerda
por la fuerte oposición al proyecto de re-avalúo catastral del municipio de
Benito Juárez, que en ese entonces era gobernado por el PRD. Fernández dijo que
era un golpe al bolsillo de los contribuyentes, pero la regidora Latifa Muza
Simón impulsó una controversia constitucional que finalmente ganó el municipio,
amparado en la autonomía de artículo 115 constitucional. Pero el daño a las
arcas ya estaba hecho, la Comuna dejó de percibir alrededor de 200 millones de
pesos por concepto de impuesto predial.
No menos cuestionada fue su postura para penalizar el
aborto, cuando la tendencia nacional y mundial va en sentido contrario, esto
es, en defensa de las libertades individuales de las mujeres que son víctimas
de abuso sexual. Incluso, una mujer maya fue presa por haber abortado gracias a
la “Ley Piña”.